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La Formación Profesional necesita una profunda reforma. Es algo en lo que coinciden tanto el Ministerio de Educación y Formación Profesional como la Consejería de Educación y Deporte. El Gobierno prepara una ley para modernizar estas enseñanzas, hacerlas más acordes con las necesidades del mercado ... y actualizar la oferta y los programas formativos. De hecho, quedó prácticamente elaborado durante el anterior Gobierno socialista y con la continuidad de Isabel Celaá al frente se estima que pronto se hará realidad esta nueva ley de Formación Profesional que flexibilice la oferta, diversifique los perfiles profesionales y se ajuste más a las necesidades del mercado. Algo en lo que coincide el consejero Javier Imbroda, firme defensor de la FP y que en su primer año de mandato se ha traducido en un ligero incremento de plazas y ciclos formativos. Significativo ha sido que la primera reunión de la ministra haya sido precisamente con el consejero andaluz.
Por cambiar, el consejero Imbroda quiere cambiar incluso el nombre de la FP, que podría pasar a denominarse Cualificación y Formación Profesional. El objetivo final sería formar a los jóvenes en las profesiones que se van a demandar en el futuro cercano, pues hay ciclos que han quedado desfasados y profesiones en las que no se forma. Según datos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, el 50 por ciento de los empleos que se ofrezcan en 2025 en España corresponderán a cualificaciones intermedias y requerirán un mínimo de FP media o superior. Pero hoy día España cuenta con apenas un 25% de profesionales con esos niveles de cualificación. Por esto, el Ministerio de Educación se ha marcado como objetivo la creación de entre 250.000 y 300.000 nuevas plazas de FP en los próximos cinco años. Este último curso han estudiado ciclos de FP 838.764 jóvenes.
En el caso de Andalucía, para este curso escolar se han ofertado 125.000 plazas, 4.100 más que este curso, con 125 ciclos formativos nuevos, de los que 84 son de nueva creación.
Pero la oferta dista mucho de ajustarse a la demanda de plazas, creciente año a año en un porcentaje muy superior al de las plazas disponibles en los centros públicos. Casi la mitad de los alumnos que quieren estudiar algún ciclo de grado Medio o Superior no encuentra un puesto escolar en los centros públicos.
La falta de plazas públicas, que se ha agudizado en estos últimos años, ha provocado un auge de los centros de formación privados, que han visto en la FP un mercado potencial de negocio, ofertando parte de las plazas que la educación pública no puede facilitar. Pero claro, con un coste económico para el alumno y sus familias.
El impulso de la FPen Andalucía también requiere de una planificación política adecuada. El consejero Imbroda tiene aquí una asignatura pendiente, pues en un año son ya tres las directoras generales que ha tenido que nombrar.
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