La hora de los abogados

Este partido estará presente en la sala ya que es acusación particular en la macrocausa de los ERE (expedientes de regulación de empleo), donde aquellas competencias transferidas se cruzan ahora en un proceso que lleva convulsionando la política andaluza desde 2011.

Junto a Manos Limpias y los fiscales intentarán demostrar que los acusados, para los que piden penas de prisión e inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y asociación ilícita (solo el PP), diseñaron, ejecutaron y mantuvieron en el tiempo un programa presupuestario de ayudas sociolaborales a empresas en crisis al margen de la normativa de subvenciones y sin control previo de la Intervención de la Junta con fines de clientelismo político para mantenerse en el poder.

Frente a ellos, una veintena de letrados de la defensa de los expresidentes, de seis consejeros de sus gobiernos de dos décadas (Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Fernández y José Antonio Viera) y otros 14 cargos y altos funcionarios, harán ver sobre todo que a ninguno se les acusa de enriquecimiento personal con la partida de 741 millones de euros repartida desde 2001 a 2010 puesta en tela de juicio. A partir de ahí, está por ver a lo largo de este proceso, que se prevé superior al medio año, cómo se posicionan las defensas y si llevarán una estrategia conjunta o habrá choque entre ellas por los intereses encontrados de los acusados, sobre todo entre los exresponsables de Hacienda y de Empleo.

Los de Hacienda siempre han insistido en sus declaraciones que el procedimiento era legal y si hubo irregularidades en las ayudas (intrusos, sobrecomisiones y adjudicaciones sin expediente siquiera) se circunscribían al ámbito de Empleo. Con anterioridad al juicio, algunos letrados han mantenido reuniones preparatorias en un despacho de abogados sevillano.

Hoy comenzará a oírse parte de su estrategia cuando se planteen las cuestiones previas, ya que los interrogatorios no empezarán hasta el 9 de enero. Llega, pues, la hora de los abogados.

Una de esas cuestiones previas sobre las que debe decidir el tribunal formado por los magistrados Juan Antonio Calle, Pilar Llorente y Encarnación Gómez es la petición de nulidad por defecto de forma que planteará el abogado José María Mohedano, defensor de José Antonio Griñán y el exdirector general de Presupuestos Antonio Lozano. Mohedano insistirá en que el auto de procesamiento es nulo pues quien lo instruyó, Álvaro Martín, no era el juez titular del número 6, una vez que Mercedes Alaya se vio obligada a dejar el caso al ascender a magistrada de la Audiencia de Sevilla.

No parece probable que el tribunal acceda a la nulidad, si bien sí ha aceptado que se integre en la causa a petición de Mohedano el escrito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el que se reconoce haberse otorgado ayudas sociolaborales sin concurso público y publicidad, como la Junta, según una orden ministerial de 1995. Parte de las defensas creen importante este escrito porque daría veracidad a que el instrumento era legal, aunque luego se utilizara mal por Empleo.

Para algunas fuentes judiciales resulta interesante la petición que planteará la defensa de la exconsejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo, que solicitará al tribunal que los acusados declaren después de que el ministerio público formule las cuestiones de su acusación y declaren los peritos y testigos. No es lo habitual, pero se ha hecho en el juicio por violación de ‘la Manada’ en Pamplona.