La controversia en torno a la sequía y el papel de cada administración pública –ningún gran problema sin su cuota de confrontación- ha permitido tomar ... nota de que el Gobierno de España ha decidido entrar de lleno en este debate con munición de alto calibre. Durante meses, las críticas de la Junta de Andalucía por la demora del Gobierno en acometer las grandes obras pendientes –que de todas formas, como ya señaló Juanma Moreno, en su mayor parte no llegan para combatir los efectos de esta sequía, sino de la próxima- apenas habían encontrado respuesta del socialismo andaluz y, en alguna ocasión, en representantes de segundo nivel de la Administración central. Pero esta semana, después de que el presidente de la Junta interviniera ante el Comité de Expertos de la Sequía, tanto la vicepresidenta Teresa Ribera como el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, salieron a responder con aspereza.
Estas reacciones llamaron la atención porque la intervención de Juanma Moreno, que puso su mayor énfasis en advertir de la gravedad de la situación, apenas había tenido alguna alusión crítica al Gobierno. Ello podría invitar a pensar que las respuestas estaban diseñadas, que hay un cambio de estrategia comunicacional del Ejecutivo central en relación con Andalucía y que el PSOE empieza a preparar el terreno para evitar una nueva catástrofe electoral en la comunidad más poblada de España. La otra posibilidad, no incompatible con la anterior, es que ahora sí el Gobierno ha tomado conciencia de la gravedad de la sequía en el sur y quiere evitar correr con todo el desgaste de sus consecuencias.
La polémica en torno a la falta de agua, un problema que espera que las administraciones invoquen el espíritu de Doñana y se sienten a buscar soluciones con sincero y no teatralizado afán de acuerdo, ha dejado en un segundo plano la otra discusión de esta semana, que ha girado en torno a la marcha de la economía coincidiendo con el quinto aniversario de Juanma Moreno como presidente.
Los balances de la Junta y la oposición son tan dispares que podría pensarse que se refieren a dos territorios o dos épocas distintas. Cuando las discusiones políticas están sustentadas en datos uno podría pensar que se puede llegar a conclusiones innegables, pero nada más lejos de la realidad. Ninguna otra disciplina está tan impregnada de ideología como la ciencia económica. Las ideas previas son las que invitan a leer los datos en una u otra dirección, a darle importancia a unos por encima de otros y a llegar a una conclusión previamente concebida.
La economía regional volvió a crecer el año pasado y a pesar de eso en el indicador del PIB por habitante, Andalucía pasó del penúltimo al último lugar como consecuencia de un aumento de su población frente a la caída demográfica de Extremadura, comunidad con la que ha intercambiado posiciones. ¿Qué dato debe ponerse de relieve, el crecimiento o la caída al último puesto? La respuesta es obvia: la que más convenga.
Esta lógica se puede aplicar a otros indicadores, porque en Economía hay datos para todos los gustos. El índice de convergencia con España ha crecido en ocho décimas en los últimos cinco años al pasar el 74,1% al 74,9%. ¿Qué dato debe destacarse? ¿Qué a un ritmo de menos de un punto por lustro se tardará más de un siglo en alcanzar el nivel de renta por habitante de España o que en la última década de gobiernos socialistas en lugar de avanzar se retrocedió más de dos puntos y medio? La misma respuesta obvia.
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