Un país de dos colores

Este penúltimo acuerdo para la investidura de Sánchez, además de expresar la claudicación socialista en el relato histórico de los acontecimientos de 2017 y de sacar a la calle a un significativo grupo de nazis y nostálgicos que se mezclaron impúdicamente con ciudadanos legítimamente preocupados por el devenir de los acontecimientos, puso negro sobre blanco el precio que el resto de los territorios españoles tendrá que pagar durante los próximos cuatro años para sostener la legislatura.

Centrándose en los aspectos financieros y solamente en aquello a lo que el PSOE se compromete (no en lo que pide Junts, como la cesión del 100 por cien de todos los tributos que se pagan en Cataluña), el pacto establece el compromiso socialista de adoptar medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre esa comunidad autónoma y promover el regreso de la sede social de las empresas que en los últimos años (léase desde que el nacionalismo creó las condiciones para ello) decidieron marcharse de ese territorio.

El primer punto es una repetición, con otras palabras, del acuerdo sobre la quita de la deuda ya suscrito con Esquerra. Lo que impide que la Administración catalana pueda acudir a los mercados financieros, como hacen otras autonomías como Andalucía o Madrid, es su insoportable nivel de deuda, la mayor parte contraída con el FLA. Si el Estado (todos los españoles) se hace cargo de parte de esa deuda, la Generalitat podrá acudir a esos mercados financieros para poder… endeudarse más.

Desde el PSOE han intentado justificar este compromiso en la posibilidad de que cualquier otra autonomía podrá acogerse a una quita de la deuda como la que se compromete con Cataluña, pero la oferta tiene trampa. En primer lugar, porque una quita lineal de un porcentaje de deuda beneficia más a quien más deuda tiene (Cataluña) que al resto de comunidades autónomas. No es necesario ser un consumado matemático para saberlo. Pero sobre todo porque es una solución ajustada para quien no puede acudir a los mercados financieros, no para los demás. Andalucía no tiene ese problema, tiene otros. Las soluciones que necesita no pueden consistir en una adaptación forzada de las soluciones que se diseñan para una comunidad diferente. Un zapato de la talla 40 sólo vale para los que tienen un pie tamaño 40.

El segundo punto también se ajusta aún más al criterio de 'una solución para Cataluña y los demás que se apañen'. La aplicación del actual sistema de financiación autonómica perjudica a cuatro comunidades que reciben menos recursos que la media por habitante: Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla La Mancha. Cataluña recibe más que la media, pero como no se encuentra entre las comunidades más beneficiadas posiblemente por ello se considera perjudicada. Los nacionalistas parecen haber olvidado que se trata de un modelo que fue pactado entre el Gobierno y Esquerra Republicana en tiempos de Rodríguez Zapatero. El compromiso socialista, a pesar del clamor de varias autonomías de sentarse a diseñar otro sistema, es establecer un diálogo singular (es decir, sin la participación de nadie más) sobre el impacto del actual modelo sobre Cataluña. No es necesario ser un lince para saber en qué terminará ese diálogo.

El tercer compromiso, el de un plan para que las empresas que se fueron de Cataluña regresen, no es menos sangrante que los anteriores. ¿Cómo se puede seducir a una empresa que tomó una decisión estratégica tan importante como cambiar su sede social para que dé marcha atrás? Con el único argumento que las empresas entienden. ¿De dónde saldrán los recursos para convencer a una sociedad mercantil de que abandone Aragón, Madrid, Valencia o Andalucía para volver a Cataluña? De toda España. Es decir, de los bolsillos de los aragoneses, madrileños, valencianos o andaluces.

Como se ha visto en los últimos días, en los tiempos que vienen este país necesitará desesperadamente más apaciguadores que cavadores de trincheras y solamente por ese motivo posiblemente no sea una buena idea calificar de cínicos los argumentos que el PSOE ha puesto sobre la mesa para buscarle alguna virtud a estos acuerdos. Posiblemente alcance con compadecerse de aquellos a quienes en estos días les ha tocado el triste papel de asumir lo inasumible, especialmente desde Andalucía. Incluso el argumento de que la única alternativa a este pacto era un gobierno con presencia de quienes están animando a que se incendien las calles y que son incapaces de distinguir entre una democracia (por imperfecta que sea) de una dictadura se antoja insuficiente.

No se trata de una cuestión ideológica que pueda leerse en el eje derecha-izquierda, porque de ser así habría que concluir que el PSOE se ha convertido, en virtud del principio de 'conservemos primero el poder y después ya si eso vemos', en una formación a la que la búsqueda de la igualdad ha dejado de parecerle importante. El pasado viernes, tras presentar una enmienda a la totalidad de los Presupuestos, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, a quien se puede acusar de cualquier cosa menos de tener afinidad alguna con el Partido Popular, hacía la siguiente reflexión: «Nos da coraje que para evitar que gobierne esta gentuza (en referencia a quienes causaron desmanes en los últimos días frente a las sedes socialistas), tengamos que tragar con un acuerdo que posiblemente sea injusto para Andalucía».

Recientemente, el INE publicó su estadística anual sobre distribución de renta, incluido un mapa que permite comprobar con un golpe de vista como se reparte la tarta en este país. El mapa enseña dramáticamente que los municipios con rentas por encima de la media se sitúan por encima de la línea –no imaginaria, sino dramáticamente real- que divide España entre norte y sur. Es difícil imaginar que al acabar esta legislatura, en la que se aplicarán las medidas pactadas, el mapa de la desigualdad dibuje un paisaje más homogéneo. Un objetivo, por cierto, que debería perseguir cualquiera que aspire a llamarse progresista.