Ni el más optimista de los dirigentes del Partido Popular podía esperar que el PSOE dejara pasar mucho tiempo más sin construir un relato alternativo que permitiera mitigar las previsibles consecuencias electorales de la cesión fiscal a Cataluña. Durante los primeros días, los socialistas –muchos ... de ellos seguramente en estado de 'shock'- , sólo tuvieron dos opciones: el camino Page o el camino Montero. El primero consistía en asumir la gravedad de lo acordado y mostrar su desacuerdo sin ambages. El segundo, en vestir la realidad con otro ropaje dialéctico y argumentar, para aguantar el chaparrón, que el animal que ladraba, tenia cuatro patas y parecía un perro era en realidad un delfín.
Dentro de esta segunda opción, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, rizó aun más el rizo y reprochó al presidente de la Junta que no reclamara él también la misma fórmula concedida a Cataluña, como si el traje a medida hecho para un territorio, una de las tres comunidades que son aportantes netas a la caja común, no le fuera a quedar estrecho a otro que, además, es la región más poblada y presenta una estructura productiva menos desarrollada. También apeló repetidamente a una situación coyuntural –actualmente las transferencias del Estado son mayores porque también es mayor la recaudación- como contraargumento de una cuestión estructural. Esta apelación ignoraba que si se permite a Cataluña abandonar el sistema común sus consecuencias serán tanto para esta época de vacas gordas como para cuando lleguen las vacas flacas.
Era evidente que el PSOE no podía aguantar mucho en esa situación de indigencia argumental, que ahora empieza a terminarse porque la factoría socialista ya ha comenzado a construir un relato alternativo. La primera pista la dio Pedro Sánchez el fin de semana pasado cuando aseguró que la disyuntiva no es entre los sistemas de financiación que se asignan a cada territorio, sino del modelo que cada uno de esos territorios aplica.
Así, a las protestas de las comunidades que, como Andalucía o Castilla la Mancha, censuran que se esté privilegiando a una autonomía rica en perjuicio de las que disponen de menos recursos porque recaudan menos, el PSOE replica que son las autonomías del PP –y para ello siempre se pone como ejemplo a Madrid y Andalucía, como si las políticas que se aplican en estas comunidades fueran iguales- las que privilegian a los ricos con sus rebajas fiscales. Este argumento persigue el doble objetivo de descalificar al Partido Popular como garante de la igualdad de los españoles y al mismo tiempo desviar el foco de un debate territorial del que el PSOE sale inevitablemente perdiendo hacia una polémica de modelos en la que la batalla puede estar más abierta. Este viernes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, incidió en esa línea.
Sin embargo, y pese a que el PP no rehúye de esa discusión –Carolina España adelantó esta semana que la Junta estudia un nuevo paquete de rebajas fiscales- la Junta sigue poniendo el foco en donde realmente radica lo que se está debatiendo en estos días y cuyo desenlace decidirá dramáticamente el futuro: la financiación autonómica.
Tras el cónclave que la semana pasada reunió a todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, el reclamo andaluz de que se aprueba un fondo de compensación –en su caso de 1.500 millones de euros- para igualar lo que reciben las cuatro autonomías que actualmente están por debajo de la media según su número de habitantes, se ha ampliado y ahora incluye también a un segundo fondo que supondría incrementar toda la financiación autonómica. Es decir, inyectar más dinero al sistema porque se considera que todas las autonomías, no solamente las cuatro más perjudicadas, reciben menos recursos de los que necesitan para ejercer sus competencias.
Los acontecimientos políticos desencadenados tras las elecciones de 2023 y el camino elegido por Pedro Sánchez para conseguir su investidura han supuesto una vuelta de tuerca sobre el modelo de financiación sobre el que la Junta de Andalucía ya estaba haciendo girar su agenda política. Ya no se trata solamente de reclamar la parte que le corresponde de la tarta para igualarse a la media de España con esa aportación adicional de 1.500 millones, sino también de evitar que la tarta reduzca su tamaño por la salida de Cataluña del sistema común.
La Junta de Andalucía se ha propuesto involucrar a toda la sociedad en este empeño y para ello el presidente, Juanma Moreno, ha abierto una línea que no deja de tener sus riesgos: utilizar la infrafinanciación como argumento ante cada reclamo sectorial cuya atención requeriría de recursos económicos.
Lo hizo el miércoles en una reunión con la plataforma que reúne a personas con discapacidad, ante la que aseguró que la capacidad financiera de la Junta está al límite, y lo repitió 24 horas después en la inauguración del curso universitario. Es probable que lo siga haciendo en el futuro pese al riesgo que supone que a fuerza de repetirlo ante cualquier escenario el argumento empiece a ser percibido como una excusa.
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