La mala costumbre de confundir la parte con el todo

Andan los sevillanos estos días alborotados porque su alcalde trabaja en la idea de cerrar la Plaza de España y cobrar entrada a los turistas (considerando turistas a quienes no residen en Sevilla) para así recaudar fondos para su mantenimiento. No es motivo de esta columna sumarse a los detractores o los aplaudidores de la ocurrencia. Al lector seguramente le importará un bledo mi opinión sobre ese asunto, en caso de que existiera, y servidor no tiene entre sus ocupaciones abordar los asuntos municipales de Sevilla.

Lo que sí es interesante es volver a constatar, en la semana del Día de Andalucía, cuánto le sigue costando a esta comunidad tener una visión integral de sí misma. El turismo, una actividad esencial para la economía andaluza, padece numerosas cuestiones pendientes de resolver. Están la financiación de los municipios turísticos, la estacionalidad y sus efectos nocivos sobre el empleo (basta con ver la renta per cápita en los municipios turísticos), la repercusión de la propia actividad sobre los bienes de consumo para las poblaciones locales y está también la deficiente infraestructura de comunicaciones de algunos de sus municipios clave, como Marbella, a donde no llega el tren, o Granada, conectada por un AVE que no es AVE, por poner algunos de los ejemplos más sangrantes.

Sin embargo, en no pocos ámbitos, a lo que se atribuyó categoría autonómica, la piedra filosofal del turismo en Andalucía, fue al asunto de la Plaza de España, como si el futuro de esta actividad en la comunidad dependiera de la decisión de uno de sus 785 alcaldes. Simultáneamente, se pasaba por alto el debate sobre la gran infraestructura turística pendiente en Andalucía: la completa conexión ferroviaria de la Costa del Sol.

Durante algún tiempo, posiblemente se pudiera decir que durante los primeros años de este siglo, el asunto de la desconexión ferroviaria de Marbella, uno de los destinos turísticos más importantes y con mayor proyección del país, fue objeto de debate y preocupación. Con el tiempo, debido al agotamiento que fueron causando sobre la opinión pública las promesas realizadas sobre el recuerdo aún fresco de incumplimientos anteriores, el asunto fue pasando al olvido y dejó de estar en la agenda pública.

No había noticias en relación a este tema desde que en enero de 2018 el entonces ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, presentó en Marbella el resultado de un estudio que ofrecía cinco posibles opciones técnicas para llevar el tren a esa ciudad. Pero el asunto resucitó días atrás, cuando la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, propuso la eliminación del peaje de la Costa del Sol hasta que el tren fuera una realidad. La Diputación de Málaga, con voto unánime, respaldó la propuesta, pero casi de inmediato el subdelegado del Gobierno de España, Javier Salas, con una falta de altura institucional indigna de su cargo, apagó toda esperanza al afirmar que si al PP tanto le interesa construir el tren que sea la Junta la que asuma las obras.

Si las cosas hubieran transcurrido por carriles lógicos, debería habérsele agradecido al subdelegado del Gobierno en Málaga esas absurdas declaraciones. Semejante tontería en una comunidad cuya deuda ferroviaria afecta también a Huelva, a Almería, a Jaén o a Granada, sólo por mencionar los casos más flagrantes, debería haber levantado una ola de indignación que hubiese puesto la agenda ferroviaria andaluza en el centro del debate público. Pero no.

El proyecto del tren a Marbella, como la inconexión de Huelva y las deficiencias del servicio que padecen granadinos, almerienses o jienenses, está tan gafado que tuvo la mala suerte de coincidir en el tiempo con la ocurrencia del alcalde de Sevilla. Habrá que esperar a una mejor oportunidad para conseguir foco.