En el debate sobre política general celebrado el pasado miércoles en el Parlamento de Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se gastó varias veces los 1.500 millones de euros adicionales que la Administración autonómica debería recibir todos los años según su número ... de habitantes. Moreno dijo que esos recursos que el actual modelo de financiación niega a Andalucía se podrían haber destinado a contratar 13.300 médicos, a aumentar las prestaciones de dependencia a 40.000 familias, a bioclimatizar todos los colegios de Andalucía, a construir 11.500 viviendas para jóvenes o a levantar todas las ciudades de justicia pendientes. También afirmó que con ese dinero se podría dotar de desaladoras al Campo de Dalías y a Mijas, construir las presas de Gibralmedina y Cerro Blanco o la autovía del agua del Campo de Gibraltar a Málaga.
No hay dudas de que el déficit de financiación que padece Andalucía es un corsé que limita sus posibilidades y que este asunto resulta especialmente sangrante ahora que los nacionalistas catalanes, que fueron quienes lo pactaron en su día con el Gobierno de España, exhiben su voracidad aspirando a darle una nueva vuelta de tuerca que los beneficiaría aún más aumentando hasta límites inadmisibles la brecha con la comunidad más poblada de España.
Pero una cuestión es que Andalucía padezca una situación financiera de flagrante injusticia y otra muy distinta es que eso pueda ser utilizado como comodín por el Gobierno de la Junta a la hora de explicar por qué hay problemas que no se solucionan. Tan cierto es que sin dinero no hay inversiones como que esos 1.500 millones representan apenas el 3 por ciento del presupuesto de la Junta. Es mucho dinero, sí, pero si se utiliza indiscriminadamente como argumento para todo puede empezar a ser percibido como una excusa. Hacer descansar en esa situación de injusticia todo el argumentario, que es lo que se sucedió en el debate de política general, supone un riesgo muy grande para el Gobierno andaluz.
Si alguien ha creído que la financiación injusta blinda a la Junta frente a quienes padecen las carencias de la sanidad o la dificultad para acceder a la vivienda debería ir quitándose esa idea de la cabeza.
Si alguien ha creído que la financiación injusta blinda a la Junta frente a las carencias de la sanidad o la dificultad para acceder a una vivienda debería ir quitándose esa idea de la cabeza.
Resulta inevitable que la polémica de la financiación sea vista sobre todo como una cuestión política a la que se recurre permanentemente porque constituye un flanco débil para el PSOE-A que pone a su actual líder contra las cuerdas y además inhabilita políticamente a quien se perfila como su potencial recambio.
Por ello, Juan Espadas acusa al Gobierno andaluz de no querer llegar a un acuerdo sobre este asunto porque prefiere usarlo como arma de confrontación con el Gobierno, pero su posición es difícilmente defendible cuando se niega a secundar el reclamo de un fondo de compensación transitoria que iguale la financiación de Andalucía hasta que se complete el complejo proceso de acordar entre todos un nuevo modelo.
Espadas argumenta que eso sólo sería un parche y en ese punto no le falta razón, pero el argumento es endeble porque un parche es precisamente a lo que se recurre cuando un herido se desangra o cuando una rotura en la tubería ya ha inundado el sótano y amenaza al resto de la vivienda. ¿Hay que dejar que el enfermo muera antes de llegar el hospital o que se anegue la casa completamente mientras se decide cuál es la solución definitiva?
Si se coincide en que no, lo que debe hacerse es reclamar urgentemente el parche para ahora mismo. Todo lo demás es solamente una excusa que da argumentos sólidos a quienes creen ver al socialismo andaluz convertido en una mera delegación de Ferraz sin margen alguno para poner sobre la mesa políticas propias.
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