La Junta, frente al huracán Montero

Después de un periodo que a los socialistas se les ha hecho larguísimo y que la propia secretaria general definió como de «estado de shock», en el que el PSOE de Andalucía no consiguió definir cuál era el papel que podía jugar desde la oposición tras casi 40 años en el gobierno, Montero llegó y consiguió fijar la agenda política en Andalucía.

Lo hizo primero con el Algarrobico, donde anunció una iniciativa del Gobierno para acabar con esa inaceptable herida medioambiental, y lo repitió esta semana con la quita de la deuda, situando a Andalucía a la cabeza de las comunidades aparentemente más beneficiadas por esa operación contable. Lo hizo, además a tres días de la celebración del 28-F y con el mensaje de que el rechazo de la Junta a su iniciativa demostraba que Juanma Moreno subordina los intereses de los andaluces a la estrategia de confrontación del Partido Popular.

No se trata de determinar cuánto tienen ambas propuestas de fuegos de artificio y cuánto de realidad tangible con alguna posibilidad de materializarse, sino del efecto que han tenido sobre el debate político andaluz. Y la conclusión es que Montero consiguió poner a todo el mundo a discutir de los temas por ella instalados. La aspiración de cualquier político y más aún si es jefe de la oposición.

En la semana en que el Gobierno andaluz presentó un plan de choque ambicioso para dar respuesta a uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos, el de la vivienda, la ministra consiguió centrar toda la atención y el debate en si la Junta debía o no aceptar una propuesta en apariencia generosa con sus cuentas. Fue sintomático que el mismo día en que la Junta presentara sus medidas urgentes sobre la vivienda y el Gobierno, su propuesta de quita de la deuda, el segundo tema, en apariencia una cuestión mucho más árida, de menor interés y difícil de entender y de explicar por su complejidad técnica, acabara engulliedo al primero.

Todo esto tiene una explicación sencilla. Además de jefa de la oposición en Andalucía, María Jesús Montero es también vicepresidenta primera del Gobierno. Es decir, es la segunda persona con más poder político en España. Nunca un jefe de la oposición en ninguna comunidad autónoma en toda la historia de la democracia española ha tenido semejante potencia de fuego. Y Montero está decidida a usarla en su empeño de convertir el ciclo de cambio político iniciado en Andalucía el 2 de diciembre de 2018 en un mero paréntesis. El primer paso ha sido convencer a los suyos de que eso es posible; el segundo, instalar en el debate público los temas más ajustados a su estrategia y en los términos más convenientes a sus intereses. Si algo ha demostrado la vicepresidenta en las semanas que lleva al frente del PSOE de Andalucía es que viene a librar una guerra en la que, como en todas las guerras, se utilizarán todas las armas disponibles.

Pero la secretaria general del PSOE-A presenta también puntos débiles que están directamente relacionadas con la naturaleza de sus fortalezas. El primero es el mismo, salvando todas las distancias, que sufrió Juan Espadas cuando consideró equivocadamente que asumiendo la portavocía socialista en el Senado conseguiría el foco mediático que en Andalucía se le negaba. Desde la tribuna de la Cámara Alta, Espadas tuvo que ser el vocero de la estrategia de un Gobierno sostenido en alianzas con partidos de ámbito territorial cuyos intereses son contradictorios con los de la comunidad andaluza. Desde la vicepresidencia primera del Gobierno, la defensa de esas políticas está más expuesta al foco público y a veces no hay capacidad dialéctica ni discursos de trazo grueso que puedan disimularla. El malabarismo a veces funciona en política, pero tiene sus límites y no se puede prolongar indefinidamente.

El segundo no es menos peligroso para Montero y está relacionado con la tesis de que Andalucía debe ser un territorio de hegemonía socialista en el que un gobierno del PP no sea más que una anomalía pasajera. Esa tesis, puesta sobre la mesa durante el congreso socialista del pasado fin de semana en Granada, además de evidenciar un análisis superficial y equivocado de la naturaleza de la sociedad andaluza y de los cambios experimentados durante la última década, supone hacerse cargo de un pasado que llevó a los socialistas a perder el poder.

Y más allá de las connotaciones judiciales, desde el punto de vista político eso está más cerca de constituir una debilidad que una fortaleza. Un ejemplo de ello es el propio debate sobre la quita de la deuda a las comunidades autónomas, que ha sacado a la luz las posiciones que ante un debate similar la ahora líder del PSOE-A mantuvo cuando era consejera. Los argumentos que sostenía sobre la necesidad de crear fondos adicionales para las comunidades infrafinanciadas o de rechazo a que una quita de la deuda postergara el debate sobre un nuevo modelo de financiación podría sostenerlos en estos días cualquier miembro del Gobierno andaluz sin quitarles una coma y solamente poniendo Montero donde la entonces consejera decía Montoro.

No obstante, harían mal el Partido Popular y el Gobierno andaluz en subestimar la capacidad de la vicepresidenta o en confiar solamente en que las contradicciones que la lastran harán todo el trabajo. Juanma Moreno pareció entenderlo cuando utilizó la tribuna del acto institucional del 28-F para explicar en dos frases sencillas los motivos por los que la Junta se opone a la operación de la quita de la deuda. Ofreció una explicación económica (se trata de un artificio contable que no aporta dinero contante y sonante para invertir en servicios públicos) y un argumento político contextualizado además en el 28 de Febrero: Andalucía tiene la responsabilidad histórica de ser en el debate territorial la garante de la igualdad entre españoles.

A partir de la semana que comienza, el Consejo de Gobierno de la Junta dejará de celebrarse los martes para hacerlo los miércoles -un día después del Consejo de Ministros-, por lo que el Ejecutivo andaluz tendrá un espacio temporal de 24 horas para reaccionar a las iniciativas que Montero ponga sobre la mesa desde su atalaya de La Moncloa. Resta por saber si utilizará ese margen para seguir jugando al contraataque o si se decidirá a pasar a la ofensiva,