La Junta desiste de participar en la carrera de transferencias

La manera en la que los socialistas andaluces ha decidido afrontar esta etapa en la que los acuerdos entre el Gobierno de Sánchez y el nacionalismo catalán dominan la agenda política y los obligan a ensayar malabares justificatorios -transferencia de los Rodalíes, financiación singular, agencia tributaria catalana, condonación a la carta de la deuda, delegación de las competencias de inmigración- ha sido acusar a la Junta de no aprovechar las posibilidades que ofrece el Estatuto de Autonomía de Andalucía y de, por la vía de los hechos, pretender convertir a la andaluza en una autonomía de segunda tirando por la borda la conquista histórica del 28 de Febrero.

Sin embargo, la fórmula de acusar de poco ambicioso a quien se niega a ponerse un traje que ha sido hecho a medida para otro no tardó en mostrar sus limitaciones. En un principio, el Gobierno andaluz sí optó por reclamar lo mismo que los catalanes. Si estos pedían una quita de la deuda, la Junta lanzaba una exigencia idéntica, pero ajustando el monto al peso de la población; si los catalanes conseguían la transferencia de los Rodalíes, el Gobierno andaluz se mostraba dispuesto a recibir las competencias en la gestión de los Cercanías, pero con la transferencia correspondiente de recursos al igual que se había concedido a la Generalitat.

Pero el peligro de esta estrategia quedó al descubierto cuando, tras el pacto para la investidura de Illa, el PSOE-A sugirió que Andalucía también explorara la posibilidad de reclamar una hacienda propia.

En las últimas semanas el Gobierno andaluz parece haber comprendido definitivamente que tiene poco que ganar en esta carrera alocada en la que la meta y las reglas las fija un secesionismo castigado en las urnas pero premiado coyunturalmente por la lotería de la aritmética parlamentaria y empeñado en resucitar un proceso de independencia superado por la historia.

En los últimos días, tras la propuesta socialista de proponer también la creación de una policía autonómica en Andalucía, el cambio de estrategia en la respuesta ha sido evidente. A nadie en el Palacio de San Telmo se le pasa ni remotamente por la cabeza reclamar las competencias de inmigración, penúltima cesión al nacionalismo a la espera de la siguiente, a pesar de que el Gobierno hace trampas continuamente con los menores migrantes y se niega a reconocer en la norma la evidencia geográfica de que Andalucía es territorio fronterizo de Europa.

El cambio tiene todo el sentido. Los objetivos y aspiraciones de esta comunidad no pueden estar marcados ni por las negociaciones para la supervivencia del Gobierno ni por la necesidad de inventarle excusas en el sur. Y menos aún blandiendo un Estatuto de Autonomía que no está para justificar privilegios a las comunidades ricas, sino precisamente para todo lo contrario.