La otra factura que tampoco debe pagar Andalucía

En esta semana que termina, Andalucía tuvo la mala suerte de que su debate sobre las enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos para el próximo ejercicio se celebrara los mismos días, miércoles y jueves, en los que el Congreso de los Diputados abordaba, con toda su carga de polémica y crispación, el debate de investidura de Pedro Sánchez.

Fue una coincidencia desafortunada por varios motivos, y el principal deriva de que la coincidencia impidió que los presupuestos andaluces tuvieran un debate autónomo sin que resultara contaminado por lo que estaba sucediendo en Madrid. No sólo en el fondo, sino también en las formas.

Mucho deberían cambiar las cosas de ahora en más para que los tiempos que se avecinan discurran por un camino diferente. La vida pública andaluza es habitualmente tranquila y ejemplar en las formas, pero corre el riesgo de acabar infectada por la tensión, la polarización y el recurso a la hipérbole que parecen imponerse en la agenda política nacional. Sucede a ambos lados de la línea que separa a la izquierda de la derecha y no parece ser un buen camino.

Durante el debate presupuestario se mencionó repetidamente, y con toda seguridad se continuará haciendo en los meses venideros, el coste económico que tendrán las concesiones que Sánchez ha hecho a los nacionalistas catalanes y que acabará pagando el resto de España. En la sesión de control, Juanma Moreno las valoró en 50.000 millones de euros y un simple razonamiento lógico invita a pensar que la comunidad autónoma más poblada es a la que le tocará asumir la parte más onerosa de esa factura.

Pero hay además un coste no tanto político como de convivencia ciudadana que no sería prudente desestimar. El argumento que el PSOE ha buscado para impulsar la ley de amnistía ha sido que es un paso imprescindible para conseguir que haya convivencia en Cataluña. Hay que hacer un esfuerzo para analizar los razonamientos que se ponen sobre la mesa en esta cuestión porque el de la amnistía no es un debate que se plantee desde el mínimo imprescindible de honestidad intelectual. La mayoría de quienes ahora la defienden desde el PSOE –y esto no incluye a quienes desde otras fuerzas políticas ya lo hacían antes de conocer los resultados del 23 de julio- cuatro meses atrás la rechazaban con idéntico ímpetu.

Pero aun obviando ese condicionante, el argumento de que la recuperación de la convivencia justifica la aprobación de una ley injusta viene cargado de cinismo.

No toca aquí evaluar cuál será el efecto social de su aplicación en Cataluña, pero sí advertir que su mero anuncio no ha hecho otra cosa que amenazar con hacer estallar la convivencia en otros territorios de España. También en el sur. Reconducir esa situación y evitar que vaya a más es la más urgente tarea patriótica, o como se la quiera llamar, que ahora toca.

Para comenzar a hacerlo y evitar tomar por un camino que no lleva a ningún destino deseable, posiblemente lo más aconsejable sea comenzar por tener respeto por las palabras. Éste es un país que ha sufrido golpes de estado, dictaduras, fascismo y terrorismo. No ha pasado tanto tiempo de todo eso. En términos históricos ha sido antes de ayer. Por ese motivo, por respeto a quienes lo sufrieron en carne propia, por responsabilidad y por esa honestidad intelectual que tanto se echa en falta en estos días, habría que ser cuidadosos a la hora de utilizar esas expresiones para describir nada de lo que está sucediendo hoy, por muy preocupante y peligrosa que se presente la deriva política nacional.

Porque en una situación como la actual resulta capital no dejarse arrastrar por las estrategias de quienes a uno y otro lado sólo pueden aspirar a mantenerse en el poder o a crecer y a desarrollar su proyecto político aumentando la profundidad de las trincheras y llevando a la sociedad a una polarización extrema.