El debate territorial desafía a Andalucía

Más allá de las dos demandas formuladas por el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont que más polvareda mediática y política han levantado –la amnistía para los implicados en los sucesos del 1 de octubre de 2017 y la celebración de un referéndum de autodeterminación- otros de los reclamos formulados tanto por los nacionalistas catalanes como por los vascos afectan de lleno a los intereses políticos y económicos de Andalucía.

Por ese motivo, no sorprendió que la polémica iniciada tras unos resultados que a pesar de su retroceso electoral pone en manos nacionalistas la capacidad para inclinar la balanza de la investidura atravesara de lleno apertura del curso político en Andalucía.

En el primero pleno celebrado en el Parlamento tras el receso veraniego las exigencias nacionalistas a Sánchez y la posición de cada partido ante las mismas volvieron una y otra vez al hemiciclo con continuos reproches entre los partidos. Andalucía aún parece lejos de poder articular una respuesta unitaria ante un desafío mayúsculo a pesar de la fuerza que en teoría le da ser la comunidad que más diputados aporta al Congreso.

Cuando semanas atrás el lehendakari, Iñigo Urkullu, lanzó su iniciativa de una convención territorial que reinterpretara la Constitución para dar un estatus diferenciado a las tres comunidades que considera históricas por haber tenido algún modelo de autogobierno previo a la Constitución de 1978, propuesta que desde el Gobierno se valoró como legítima, los relojes retrocedieron hasta antes del 28 de Febrero de 1980.

Urkullu consideraba en su propuesta al Pais Vasco (con la anexión de Navarra) a Cataluña y a Galicia. Se trata de las tres comunidades de vía rápida hacia la autonomía acogidas al artículo 151 de la Constitución con las que Andalucía consiguió igualarse gracias a las movilizaciones populares del 4 de diciembre de 1977 y al referéndum del 28 de Febrero de 1980. La inclusión de Andalucía en la llamada vía rápida propició que a continuación el resto de comunidades también pudieran incorporarse y la España autonómica de dos velocidades pasara a la historia.

Llamó la atención que tras la propuesta del lehendakari, que interpelaba de lleno al hito más relevante de la historia reciente de Andalucía, esta comunidad no pasara a ocupar el primer plano del debate político nacional, donde la presencia mediática de las comunidades parece estar condicionada a la existencia de formaciones políticas nacionalistas.

Sin embargo, la presión nacionalista no desafía solamente al marco institucional conseguido tras la movilización cuatro décadas atrás de los andaluces en las calles y en las urnas, sino también al marco económico y financiero bajo el cual las administraciones autonómicas obtienen recursos para prestar servicios y realizar inversiones.

Una de los recursos económicos con los que cuentan las administraciones regionales para su financiación es el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), una línea de crédito puesta marcha en 2012 medianta la cual el Estado presta dinero a las comunidades para que estas no se vean obligadas a recurrir a los mercados para obtener liquidez. Una de las condiciones puestas sobre la mesa por el nacionalismo catalán para respaldar la investidura de Pedro Sánchez es la condonación de la deuda de la Generalitat con este mecanismo.

Ni aún en el improbable caso de que desde la Administración general del Estado se decidiera, para evitar el enorme coste político de un evidente agravio al resto, asumir el conjunto de la deuda de todo el FLA, que suma 187.000 millones de euros, se podría decir que todas las comunidades saldrían beneficiadas. No es así, ya que la condonación sería en realidad una transferencia de la deuda al conjunto del Estado, lo que tendría repercusiones para todo el sistema de financiación.

El nacionalismo catalán ha planteado este asunto porque con más de 71.800 millones de euros, Cataluña concentra el 38 por ciento de todo el pasivo, por lo que la condonación de la deuda acabaría perjudicando en su beneficio al resto de las comunidades. La deuda de Andalucía con el FLA es de 25.200 millones de euros, poco más de un tercio del que acumula la Administración catalana.

Otras de las cuestiones en las que han saltado las alarmas es la exigencia del nacionalismo catalán de una nueva reforma en el sistema de financiación autonómica, a pesar de que el actual, contra el que Andalucía viene protestando aún desde antes de que el Partido Popular llegara al Gobierno de la Junta, es producto de un acuerdo alcanzado en 2009 entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y Esquerra Republicana de Cataluña.

Con aquella reforma, Cataluña dejó de ser una comunidad que recibía menos recursos por habitante que la media, aunque no la situó entre las mejor financiadas, categoría encabezada por Cantabria, La Rioja y Baleares. El País Vasco y Navarra no se contabilizan al nutrirse de un privilegiado régimen foral.

Andalucía, en alianza con la Comunidad Valenciana y Murcia –las otras dos regiones peor financiadas por habitante-, viene reclamando desde hace años una revisión del sistema al considerar que deja de recibir mil millones de euros cada año. La ministra María Jesús Montero, que en su época de consejera de la Junta encabezaba este reclamo, se ha negado en los últimos años a tratar la cuestión. Ahora, ante el reclamo catalán, ha cambiado de opinión, pero en la Junta temen que si se afronta en el marco del debate de investidura de Sánchez Andalucía vuelva a salir mal parada.