Sin Compromís con Andalucía

El acuerdo, en el mismo tono de compromisos diluidos en palabras que sólo expresan intenciones -promoveremos, fomentaremos, apoyaremos, facilitaremos, extenderemos, apostaremos-menciona que las formaciones firmantes impulsarán un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad. Y mientras esa reforma no se produzca – y puede que nunca se produzca porque solamente en los sueños del más pertinaz de los optimistas puede caber la posibilidad de que en una legislatura como la que se avecina habrá acuerdo para afrontar un tema tan complejo-, los firmantes se comprometen a garantizar la prestación de los servicios en condiciones de igualdad en todas las comunidades.

Como el párrafo ha levantado todo tipo de suspicacias, merece la pena reproducirlo tal y como aparece en la página 40 del acuerdo. «Mientras esta reforma no se produzca, en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de Comunidades Autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado».

De este texto surgen dos interrogantes. ¿Esta supuesta garantía es la creación de un fondo de compensación tal y como vienen reclamando Andalucía y el resto de las comunidades peor financiadas de España? ¿Por qué sólo se menciona a la Comunidad Valenciana?

En relación a si la alusión a que hasta tanto se reforme el sistema se procurará la prestación de servicios en términos de equidad entre todas las comunidades supone que los firmantes se comprometen a crear el fondo de compensación que han reclamado insistentemente los gobiernos autonómicos de Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, la respuesta no está clara. Para el Gobierno andaluz, eso es mucho suponer, ya que entiende que si existiera tal compromiso se expresaría con claridad. El texto es demasiado ambiguo y da lugar a dudas más que justificadas.

La segunda pregunta tiene fácil respuesta. ¿Por qué se menciona específicamente a la Comunidad Valenciana. Muy simple: por Compromís. La formación regionalista valenciana es una de las fuerzas políticas integradas en Sumar, aliada estratégica de Más País, y evidentemente ha exigido que el nombre de esa comunidad aparezca en el acuerdo. Todos los partidos tienen necesidad de vender sus logros en sus respectivos territorios y esa exigencia se ajusta a la más estricta lógica política.

Esta respuesta es tan evidente como que las organizaciones andaluzas de Izquierda Unida o de Más País apenas parecen tener fuerza interna para exponer sus planteamientos. Y posiblemente haya que excluir a Podemos de la ecuación porque su marginación en Sumar es palmaria. La propia portavoz de Por Andalucía en el Parlamento -Inmaculada Nieto, miembro de Izquierda Unida-, reconoció esta semana que le hubiese gustado que el nombre de la comunidad autónoma apareciera en el documento, aunque redujo la discusión a un problema morfológico, no de contenido.

A la misma conclusión podría llegarse en relación con el PSOE de Andalucía, que mantiene una posición clara en favor de la reforma del sistema de financiación y que ahora se ha encontrado con un texto que menciona a otra comunidad y no a la más poblada de España. Y ello a pesar de que la cuestión de la financiación forma parte de la agenda cotidiana de la política andaluza y que la omisión le traerá unos dolores de cabeza que se le podrían haber ahorrado a Juan Espadas y los suyos simplemente incluyendo la palabra Andalucía en el texto. Pedro Sánchez ha conseguido reducir al mínimo el peso de los socialistas andaluces en la organización federal y frecuentemente aparecen evidencias como ésta.

La omisión, por el contrario, ha dado alas a los adversarios de la coalición Sumar-PSOE en el territorio andaluz. Adelante Andalucía, que disputa con Podemos e Izquierda Unida el espacio de la izquierda, llevó agua a su molino al afear que el texto del acuerdo «olvida absolutamente a Andalucía», según la parlamentaria Maribel Mora. En su opinión, se trata de un olvido que no es sólo simbólico, porque ninguno de los grandes problemas que aquejan a la comunidad aparecen mencionados.

También el PP, en su pugna con el PSOE, ha visto en la omisión de la comunidad de mayor peso demográfico del país una oportunidad para el desgaste del adversario. La ausencia de la palabra Andalucía en el texto ha dado una inyección de energía al andalucismo de Juanma Moreno, más cómodo que nunca en un escenario que lo presenta como defensor de un territorio atacado desde el palacio de La Moncloa.

Tanto desde el PSOE como desde Izquierda Unida se defienden asegurando que el compromiso con un nuevo sistema de financiación es claro y que las cuestiones sociales que constituyen el núcleo del acuerdo son cruciales en Andalucía. «El 90 por ciento de los andaluces son clase trabajadora», argumenta Inmaculada Nieto, mientras desde el PSOE dan capital importancia a las obras de electrificación de la línea Algeciras-Bobadilla, destacada en el texto firmado por Sánchez y Díaz.

Pero más allá de estos argumentos paliativos, la única certeza es que si las organizaciones andaluzas del PSOE y de Sumar tuvieran mayor peso interno, el texto del acuerdo no hubiera salido con una redacción que les va a crear dificultades adicionales en los tiempos que se avecinan.