Posiblemente, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no haya elegido el mejor día para pronunciar esa frase, porque poco después se desató una tormenta ... sobre el Parlamento de Andalucía que llegó a provocar desprendimientos en la iglesia desacralizada del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, hoy convertida en el hemiciclo de la Cámara. «En Andalucía no llueve, pero usted se mete en todos los charcos».
El destinatario del chascarrillo era el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, a quien durante el cara a cara de la sesión de control Moreno le recordó que era él quien estaba al frente de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio cuando la Junta de Andalucía abrió en 2009 un plazo de alegaciones al Plan de Ordenación del Territorio de la costa noroeste de Cádiz. Este trámite, según dijo el presidente de la Junta en una argumento un tanto forzado, fue el que abrió la puerta al polémico proyecto de una macrourbanización en el municipio de Trebujena, previsto en un humedal desecado separado por el río Guadalquivir del Parque Nacional de Doñana.
Este proyecto, hoy inviable por la falta de agua en la zona y también porque se sitúa en una zona inundable, saltó esta semana al primer plano de la actualidad después de que la Consejería de Sostenibilidad de la Junta emitiera una declaración ambiental estratégica favorable a las modificaciones urbanísticas necesarias para seguir adelante. Este informe estaba condicionado a uno posterior sobre el dominio público hidráulico que aprobó el viernes la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con dictamen negativo.
Quien encabezó las críticas por esa actuación del a Junta no fue el PSOE de Andalucía, sino el Gobierno a través de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que desde que Doñana saltara a la agenda política nacional ha cogido el relevo de su compañera en el Consejo de Ministros María Jesús Montero como azote del Gobierno andaluz.
La reacción de Ribera, considerando una locura la actuación de la Junta y adelantando que el Gobierno no permitiría que el proyecto siga adelante, puso este asunto en el centro del debate en plena campaña electoral. La vicepresidenta no valoró que los dardos que desde Madrid lanzó contra la Junta, en el territorio podían volverse contra el PSOE-A y contra Izquierda Unida, que gobierna en el Ayuntamiento que promovió la iniciativa aunque su actual alcalde, Ramón Galán, a diferencia de su antecesor, Jorge Rodríguez, la rechaza.
En el PSOE de Andalucía reconocen que antes de lanzarse a estas aguas turbulentas, la vicepresidenta no lo comunicó al secretario general andaluz, a quien Juanma Moreno procura ahora salpicar con este asunto. Seguramente el presidente de la Junta hubiera sido más justo si en lugar de mencionar los charcos en los que Juan Espadas se mete, hubiera aludido a los charcos en los que lo meten desde Madrid sin siquiera levantar el teléfono para avisarle.
Este episodio, tomado en solitario o valorado en conjunto con todo el debate sobre Doñana, deja en evidencia la dificultad que encuentra el PSOE de Andalucía a la hora de diseñar una estrategia autónoma. La época en la que los socialistas andaluces no sólo decidían sus propias políticas sino que también condicionaban las decisiones del conjunto del PSOE han quedado enterradas bajo los malos resultados electorales y la desconfianza con la que Pedro Sánchez aún mira hacia el sur.
La pregunta que seguramente se harán los socialistas andaluces es si esta situación es irreversible o, en todo caso, si serán capaces de comenzar a remontar electoralmente sin antes recuperar la autonomía ante (y el respeto de) Ferraz/Moncloa. Es posible que en una semana comiencen a encontrar alguna respuesta.
Toda la autonomía que ha perdido el PSOE de Andalucía, forzado a seguir una agenda claramente ajena, la han demostrado tener los sindicatos esta semana. Sólo los muy optimistas en las filas del Partido Popular y de la Junta de Andalucía esperaban que especialmente UGT y Comisiones Obreras hicieran una demostración tan contundente de independencia frente a las formaciones políticas con las que guardan mayor sintonía ideológica llegando a un acuerdo para la atención primaria con el Gobierno andaluz a escasos diez días de las elecciones. El consenso alcanzado es una buena noticia para la Junta, pero también un crédito a la incontestable autonomía de las organizaciones sindicales.
El acuerdo no sólo es relevante por su contenido, sino también por su trascendencia política. La atención primaria es el flanco más débil del Gobierno andaluz y la firma le dará un margen de tiempo para arbitrar medidas que le permitan encontrar soluciones. Seguramente era en este momento, en plena campaña electoral, cuando a la Junta más le interesaba presentar un acuerdo y por lo tanto era el momento más oportuno para que los sindicatos levantaran el listón para conseguirlo.
Para el Gobierno, se trata de un indudable éxito político, pero también la constatación de que mantener a la atención primaria en su orden de tarificación de servicios concertados no tenía más sentido que el de conservar una carta que después se podía poner sobre la mesa de negociación. El desmarque del Sindicato Médico Andaluz posiblemente enseñe que la posibilidad de alcanzar consensos no depende tanto de las afinidades ideológicas de quienes se sientan a negociar como de las intenciones, la voluntad y la franqueza con que lo hacen.
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