Carolina España saca la artillería

La comparecencia de España, de cuya consejería depende la Intervención General, a solicitud de los cinco grupos de la Cámara, era el plato fuerte de la sesión de este miércoles, con la que el Parlamento de Andalucía retomaba su actividad tras el habitual receso de enero. El pasado 8 de enero, durante este descanso parlamentario, se produjo el cese de la interventora, María Antonia González Pavón, que la Junta explicó en razones personales y la oposición atribuyó a una represalia por los informes sobre los contratos de emergencia realizados en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), un asunto que está judicializado tras una denuncia presentada por el PSOE y por el que se investiga a la gerente de esa agencia y a sus dos antecesores.

España explicó el cese de la funcionaria en cuestiones estrictamente personales y realizó dos afirmaciones que soliviantaron a la oposición. Dijo que el «ruido mediático» que rodea a este asunto obedece a una negociación salarial actualmente en curso con el cuerpo de interventores y que los relevos que se produjeron a continuación fueron porque el nuevo responsable tiene derecho a conformar su equipo. También recordó que en la Intervención del SAS, el departamento afectado por las denuncias de la oposición, no se han producido cambios.

Pero una vez terminada la defensa, la portavoz de la Junta lanzó su contraataque. Recordó que el interventor que dio la primera pista sobre el caso de los ERE sí fue cesado durante la etapa de gobiernos socialistas, sacó a relucir la hemeroteca para citar varias veces a María Jesús Montero -que entonces argumentó que el relevo de un interventor forma parte de la normalidad- y acabó recordando los pactos de Pedro Sánchez con Puigdemont, un recurso que amenaza con convertirse en el comodín de todos los debates en lo que resta de legislatura.

En su intervención, el portavoz del PP, Pablo Venzal, sacó a relucir todas las destituciones impuestas por el Gobierno de Sánchez y aseguró que el caso de los ERE no sólo causó un trauma en el socialismo andaluz, sino que también paralizó la administración de la Junta durante mucho tiempo.

Como era de esperar, ninguno de estos argumentos convenció a los grupos de la oposición. La socialista María Márquez advirtió a España de que «la verdad la persigue» y afirmó que mientras que el PSOE aparta la corrupción, el PP aparta a quienes la denuncian.

Cristina Jiménez, de Vox, señaló que cuando se cesa a quien controla la legalidad «es porque se tiene miedo», mientras que Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, sostuvo que los ceses obedecen a que «hay funcionarios que no están dispuestos a firmar que los burros vuelan». José Ignacio García, de Adelante, comparó al Gobierno de la Junta con la Administración Trump y de pretender imponer la 'omertá'. La polémica por este asunto no ha hecho más que empezar,