La batalla política de la quita de la deuda

La operación es compleja desde el punto de vista financiero y contable, pero muy sencilla desde el punto de vista político. Es compleja por las connotaciones que tiene en relación con la repercusión de los intereses de la deuda condonada, con la posibilidad o no de utilizar esos recursos en el sostenimiento de los servicios públicos o con las consecuencias que supondrá para todos que el Estado dispare su propia deuda al asumir lo que hasta ahora era deuda de las diferentes comunidades, pero es sencilla ante la opinión pública.

Hace tiempo que desde las instancias políticas se intentan explicar asuntos referidos a las finanzas públicas con ejemplos de economía doméstica que no permiten percibir el alcance real de esas cuestiones. Sucede cuando se argumenta que el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos que en las arcas de Hacienda y que por eso siempre es bueno bajar impuestos. O cuando se afirma que una administración pública que funciona con déficit es equiparable a un hogar que gasta más de lo que ingresa. Esta simplificación de los mensajes no se hace para facilitar la comprensión de problemas que son más complejos que lo que explican esos enunciados, sino para acercar a los ciudadanos a las posiciones de quienes sostienen esos argumentos.

Esos son dos ejemplos a los que a veces recurren responsables del Partido Popular, que en esta ocasión se han encontrado con un rival también dispuesto a usar el tramposo ejemplo de las economías familiares.

Ahora es el PSOE el que lanza la pregunta de qué familia se negaría a que le perdonaran la mitad de la hipoteca -obviando que ni la Administración autonómica es una familia ni la deuda pública, una hipoteca- con lo que consigue enmarcar la discusión en un plano que sitúa a Montero en una posición invulnerable.

Es evidente que ese planteamiento ignora aspectos sustanciales del asunto -desde la inconveniencia política de facilitar una desconexión de la hacienda catalana que acabaría siendo letal para Andalucía, hasta la parte alícuota de la deuda estatal engordada que le tocará pagar a los andaluces-, pero en el planteamiento del Gobierno no se trata de nada de eso, sino de ganar un debate político que a la Junta se le empieza poner muy cuesta arriba.

Para entender hasta qué punto lo que se está debatiendo tiene poco que ver con la deuda y mucho con la disputa política en Andalucía, basta con analizar todo lo que ha pasado alrededor de la «reunión técnica» del pasado miércoles entre cargos del Ministerio de Hacienda y de la consejería de la misma área que acabó cinco minutos después de haber comenzado.

Nunca una reunión de esas características -sin responsables de primera línea y con una finalidad supuestamente técnica (explicar los detalles de una operación contable)- había alcanzado tal nivel de exposición pública. La Junta intentó desde el principio mantener el encuentro en los niveles de discreción habitual en este tipo de reuniones, pero desde el PSOE se puso el mayor empeño en darle realce. Un portavoz socialista llegó a atribuirle la condición de «cumbre» a una reunión entre directores generales y la vicesecretaria general del PSOE-A la situó como el tema principal de una rueda de prensa ofrecida ese mismo día en el Parlamento, cuando ya se sabía que la Consejería de Hacienda no estaba dispuesta a avanzar si no se ponía sobre la mesa el asunto de la financiación autonómica.

La asimetría de la reunión fue evidente desde todos los perfiles. El Gobierno y el PSOE la promocionaron; la Junta, no; los primeros le atribuyeron una importancia capital; el Gobierno andaluz, no; por parte del Ministerio participaron seis altos cargos; por la Consejería, dos; el Gobierno pretendía discutir aspectos técnicos de una operación sobre la que aún no hay acuerdo político; la Junta había avisado que sin acuerdo político (incluir en el paquete el debate de un nuevo modelo de financiación) no tenía sentido la reunión técnica.

Habría que ser muy ingenuo para no sospechar de la reunión como una operación de comunicación política destinada a presentar a un Gobierno esforzado en facilitarle las cosas a una Junta empeñada en boicotearse a sí misma con tal de confrontar con Sánchez y Montero. Lo que no se alcanza a comprender es por qué, en este tema, la Junta cae una y otra vez en todas las trampas que el Gobierno le va dejando por el camino.

Y cabe preguntarse cuánto tiempo más resistirá en su posición el Gobierno andaluz si otras comunidades autónomas del PP, en una posición financiera más comprometida, empiezan a aceptar lo que en la Junta consideran un regalo envenenado y Alberto Núñez Feijóo demuestra en este asunto la misma falta de liderazgo que está evidenciando ante los barones que un día sí y otro también se muestran dispuestos a asumir las posiciones de Vox en temas sustanciales sólo para garantizar algo de estabilidad a sus gobiernos.