¿Y en Andalucía quién piensa?

Para recuperar ese espacio político y electoral perdido, y también porque esa es su naturaleza, los partidos nacionalistas han adelantado que cambiarán los votos por concesiones que van desde privilegios políticos al margen del ordenamiento constitucional a privilegios fiscales que necesariamente van en desmedro de otras comunidades.

Llama la atención que desde que se conocieron los resultados, el discurso de la izquierda se ha centrado en repetir una y otra vez que las urnas han arrojado la conformación de una mayoría progresista. La ecuación incluye a las formaciones de izquierdas, a los nacionalistas también de izquierdas y a los nacionalistas conservadores, como el PNV, Junts o Coalición Canaria. Se podría argüir que el resultado electoral ha dibujado una mayoría parlamentaria que prefiere que el PP no gobierne. Pero de ahí a considerar a ese conglomerado mayoría progresista media un abismo.

Nacionalismo y progresismo es un maridaje intelectualmente difícil de digerir, sobre todo si se refiere a los territorios más desarrollados y, el caso del País Vasco, más privilegiados desde el punto de vista fiscal. Basta con saber cuál es una de las exigencias que Esquerra Republicana ya ha puesto encima de la mesa, coincidiendo con la sorpresiva disposición del gobierno en funciones a discutir, ahora sí, un nuevo modelo de financiación. Esquerra pretende que Cataluña reciba del Estado tanto como aporta fiscalmente. Aceptar tal cosa sería lo mismo que admitir que un contribuyente que gana 200.000 euros al año y aporta a la hacienda pública 80.000 euros tenga que recibir obligatoriamente servicios públicos por esa cantidad, lo que supondría recortarle esos mismos servicios a quienes ganan menos y por lo tanto aportan menos. A esa propuesta se la podría denominar de muchas maneras, pero ¿progresista?

La lista de exigencias que los partidos nacionalistas, derrotados electoralmente pero triunfantes en la aritmética parlamentaria, han comenzado a poner sobre la mesa desde el primer día ha llevado a algunos a lamentar la ausencia de un partido nacionalista andaluz y a preguntarse, tras el fracaso electoral del enésimo experimento electoral andalucista, si no sería lo más conveniente para Andalucía que el andalucismo político estuviese representado en el Congreso.

El panorama político podría invitar a responder que sí. La respuesta parece sencilla. Si no hay un partido que la represente, la comunidad más poblada de España y la que más diputados aporta puede quedar en estas negociaciones en una situación de indefensión.

El problema es que la pregunta tiene trampa, porque está planteada desde la lógica nacionalista. O como está tan en boga repetir tontamente desde que en los partidos empezaron a leer al lingüista norteamericano George Lakoff, «compra el marco» de los partidos que no consideran a España una unidad, a los que la suerte del país en su conjunto les importa un comino.

Dar por sentado que Andalucía está indefensa porque no tiene un partido nacionalista que represente sus intereses, además de responder a esa lógica, sería tanto como admitir dos cuestiones. Una, que la suerte de Andalucía no está ligada a la suerte de España, o que a Andalucía le puede ir bien si a España no le va bien y viceversa. Y dos, y tan importante como la anterior, que los intereses de una parte del territorio sólo pueden ser defendidos por un partido que no mira lo que sucede en el territorio de al lado. Y eso es rotundamente falso.

Si el ejemplo de partidos nacionalistas que obtienen prebendas para sus territorios tuviese como resultado el florecimiento de formaciones regionalistas en todos lados se marcharía a una balcanización de la que sólo habría perjudicados, con Andalucía en primer lugar.

Es más bien al contrario. El peso político de Andalucía se refleja, o debería reflejarse, como consecuencia de que es la de mayor peso demográfico, la que más diputados aporta a la mayoría de los partidos de ámbito estatal y por lo tanto supone una contribución incontestable a la articulación política de España. Y son esos diputados, cada uno desde sus partidos y a partir de sus diferentes posicionamientos ideológicos, quienes tienen la obligación de impedir agravios territoriales que perjudiquen a esta comunidad.

Esperar que los 61 diputados andaluces antepongan el interés de Andalucía a la disciplina partidaria, aunque sea para impulsar uno o dos proyectos de envergadura a lo largo de la legislatura y, sobre todo, impedir que en cualquier negociación política Andalucía resulte perjudicada, puede suponer una utopía. Es cierto. Pero no es menos utópico que esperar que aquí prospere algún día un proyecto político inspirado en una lógica nacionalista con la que Andalucía sale necesariamente perdiendo.