Cuando el pasado 9 de marzo apareció publicada en el BOJA una corrección de la orden con las tarifas para la concertación de servicios sanitarios, la explicación oficial fue que se hacía para zanjar la polémica sobre la supuesta privatización. Casi nadie lo sabía en ... ese momento, pero por esos días la Junta apuraba la negociación del pacto social con sindicatos y patronal y las conversaciones habían llegado a un punto de no avance. Al Gobierno andaluz le urgía suscribir un acuerdo cuanto antes, con la certeza de que cuanto más se acercara la fecha electoral más difícil sería cerrar el pacto, pero el ruido que llegaba por la polémica sanitaria y las acusaciones de privatización parecían hacerlo imposible. La publicación de esa ampliación del texto acabó enmarañando aún más las negociaciones.
Y eso a pesar de que la cuestión de los servicios públicos no formaba parte de la propuesta inicial que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, trasladó a los actores sociales cuando en noviembre del año pasado los convocó para acordar medidas de apoyo a las familias y a las empresas ante la espiral inflacionaria. En aquella reunión inicial, lo que el Gobierno andaluz presentó fue una propuesta de cuatro puntos: ayudas a las familias, ayudas a empresas y autónomos, participación institucional y fondos europeos. Ya entonces, los sindicatos plantearon que si no se incluía el refuerzo de los servicios públicos, el acuerdo no tendría sentido. Finalmente, acabó siendo el punto nuclear del pacto.
Los puntos de partida eran distantes no sólo por el contenido de lo que debían ser los acuerdos, sino también por su alcance. Los sindicatos se habían presentado con una serie de demandas de medidas urgentes para las familias. Los empresarios acudían con la idea de un pacto de mayor alcance en el tiempo, que sirviera como marco de acción para toda la legislatura y que tuviera en el centro al reparto de los fondos europeos, una cuestión que consideran clave porque entienden que difícilmente habrá otra oportunidad para contar con tantos recursos que permitan lanzar la economía andaluza. Los sindicatos temían que si se incluían medidas de largo plazo las negociaciones se prolongarían y las cuestiones urgentes llegarían tarde y perderían sentido. El pacto terminó abarcando los temas urgentes y también los de legislatura.
Con esos puntos de partida distantes, los equipos de las cuatro partes –la Junta, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), UGT y Comisiones Obreras- comenzaron un proceso de una veintena de reuniones que consumieron unas 90 horas. Tomaron parte equipos reducidos e integrados por personas curtidas en el difícil ejercicio de la negociación. Por la CEA las riendas las llevó su secretario general, Luis Fernández; por UGT, su secretario de Institucional, Oskar Martín, y por CCOO, su secretaria de la misma área, Nuria Martínez Barco. Por la Junta, el peso del trabajo recayó en el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y en su viceconsejero, Tomás Burgos. No obstante, las negociaciones implicaron a todas las consejerías de la Junta, porque lo que se buscaba era un acuerdo transversal. Hubo encuentros en fines de semana y en festivos y por la reunión más larga , que se inició a la una del mediodía y acabó a las nueve de la noche, pasaron los viceconsejeros de todos los departamentos del Gobierno andaluz.
Aunque tras el planteamiento de las centrales sindicales se admitió sin objeciones incluir el punto de los servicios públicos, eso no impidió que ahí se abriera otro foco de fricción. La representación de la CEA se esforzó en un incluir en el texto del acuerdo la colaboración público-privada en la prestación de estos servicios con el argumento de que se trata de algo que ya forma parte del paisaje. Los sindicatos se negaron hasta convertirlo en una línea roja que no cruzaron.
Aunque la exclusión de la mención a la colaboración público privada puede considerarse una victoria de CCOO y UGT, los sindicatos no consiguieron incluir un punto en el que la Junta fue tajante en su negativa: el fortalecimiento de los entes instrumentales de la Administración andaluza. Esa cuestión tampoco figura en el texto del acuerdo. A los empresarios aún les dura la sorpresa porque los sindicatos pusieran su mayor énfasis en lo relacionado con el sector público.
El principal punto de fricción estuvo relacionado con la atención primaria. La publicación de la orden con las tarifas para la concertación de los servicios sanitarios durante el proceso negociador amenazó con echar por tierra un acuerdo que era esencial para el Gobierno andaluz. CCOO exigió que la orden se corrigiera, pero la Junta lo hizo en aquel BOJA del 9 de marzo con un texto no consultado que los sindicatos consideraron insuficiente. La situación separó aún más las posiciones, lo que llevó a que las protestas se mantengan en las calles pese a la firma del pacto, y que la Junta se comprometiera, ante la inconveniencia de publicar una segunda corrección, a zanjar el asunto con un nuevo texto que tomará la forma de una norma de rango superior.
Hasta último momento, la firma estuvo en duda. Finalmente, lo que consiguió descomprimir la situación fue el llamado bono carestía, la ayuda única de 200 euros a las familias más vulnerables y cuya inclusión en el pacto no fue acordada hasta el viernes a última hora, apenas dos días antes de que el domingo por la noche se convocara al acto solemne para la firma del pacto.
El acuerdo final cogió por sorpresa a casi todos, incluidos los partidos más cercanos a los sindicatos, que lo recibieron con indisimulado disgusto. La izquierda, en su conjunto y con diferentes matices, considera que se ha regalado a Juanma Moreno una foto en el momento en el que más lo necesitaba, con lluvia de críticas por la cuestión sanitaria y elecciones a la vuelta de la esquina. Pero del otro lado entienden que fue precisamente esa necesidad la que ha permitido arrancar concesiones a un presidente que, no olvidan, disfruta de una cómoda mayoría frente a una oposición en horas bajas.
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