Cada vez que se produce algún episodio que la Junta de Andalucía lee como un agravio o un desprecio del Gobierno de España a la comunidad más poblada del país, se suele escuchar la afirmación «esto no se atreverían a hacerlo en Cataluña o en ... el País Vasco». El argumento vale tanto para cortijadas protocolarias como la de la final de la Copa del Rey, descortesías institucionales o cuestiones más de fondo cuando se trata de repartir recursos.
Cualquier situación de ese tipo es susceptible de ser comparada, si se busca detenidamente, con episodios homologables en alguna de esas dos comunidades históricas o en cualquier otra que, a juicio del Gobierno andaluz, recibe un mejor trato que Andalucía. Es el caso de Valencia, que se beneficia de los corredores ferroviarios que llegan a Cataluña, o Cantabria, La Rioja o Navarra, que tienen la inmensa suerte de que para llegar al País Vasco los trenes tienen que pasar por ahí. En ninguno de esos territorios es imposible siquiera imaginar una ciudad de más de 100.000 habitantes sin más vía de conexión que una carretera colapsada o una autopista con los precios más caros de España.
Pero si hay alguna situación que no es homologable con la de ninguna otra zona de España (ni de Europa) es Gibraltar. Por eso, cualquier conjetura sobre cómo se comportaría el Gobierno si las negociaciones sobre el futuro de la colonia tras el Brexit afectaran a otra comunidad autónoma entra de lleno en el ámbito de la política ficción.
Sin embargo, precisamente por esa singularidad, esa negociación sí puede compararse con sí misma. Cómo se está llevando y cómo estaría bien que se llevara.
Cualquiera que se asome mínimamente al mundo de la política puede detectar sin apenas dificultad las cuotas de teatralización que acompañan a cualquier disputa. Puede haber agrias polémicas de cara al público y unas relaciones humanas y también profesionales cercanas entre bambalinas. No todos los políticos son tan sectarios como a veces se esfuerzan en hacernos creer.
Pero lo ha que ha sucedido y está sucediendo en torno a Gibraltar y el incumplimiento del artículo 240 del Estatuto de Andalucía, que sostiene que la Junta tiene que ser previamente informada por el Estado de los tratados y convenios internacionales que afecten a sus competencias y que el Gobierno andaluz puede solicitar participar en las negociaciones cuando esta afección sea directa y singular, demuestra que esa necesaria complicidad entre bambalinas no existe entre el Gobierno de España y el andaluz.
Este lunes, la Junta y los alcaldes de la zona serán informados por primera vez en un año y medio sobre la marcha de las negociaciones. Hubiera estado bien que al menos se los hubiese consultado al inicio para que el Gobierno tuviera en cuenta a la hora de negociar sus necesidades y aspiraciones. Seguramente esa reunión, bienvenida, llegue con 18 meses de retraso.
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