Griñán abre hoy en el juicio del 'caso ERE' el turno de los expresidentes

Con Chaves y Griñán concluyen los interrogatorios a los acusados y comenzarán los testimonios de al menos 150 testigos. Los dos expresidentes ya declararon ante el Tribunal Supremo en 2015 cuando eran aforados por ser diputado y senador, respectivamente, y se les señaló como imputados por la entonces instructora de la causa, Mercedes Alaya. Luego abandonaron sus escaños para facilitar la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta en junio de 2015, condición impuesta por Ciudadanos. Pasaron entonces al juzgado de Sevilla.

El instructor que sustituyó a Alaya en la pieza separada de la macrocausa de los ERE , Álvaro Martín, volvió a citarlos en 2016 y ambos ratificaron sus declaraciones. Martín abrió juicio contra ellos en octubre de ese año. Acusó a Griñán de prevaricación y malversación de caudales públicos y a Chaves de prevaricación. La Fiscalía solicita seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán y diez años de inhabilitación para Chaves.

Con ellos el juicio del 'caso ERE' llega a su máxima expectación. Chaves y Griñán, que renunciaron al carnet del PSOE tras ser procesados, no solo han sido presidentes de Andalucía, sino también presidentes de su partido. Dirigentes del PP, acusación popular en el juicio, previeron durante años este momento, cuando en los parlamentos nacional y regional les acusaron a ambos en los debates y sesiones de control de ser la «cúspide de la pirámide» a la que Alaya se refirió en sus autos de los primeros meses de 2011. Chaves era vicepresidente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía. Habían sido grandes amigos, pero entonces estaban distanciados en lo personal y político por la pugna por el control del partido en Andalucía.

Ninguno supo prever las consecuencias de aquella investigación sobre intrusos (personas en el listado de prejubilados en empresas en las que no habían trabajado) y ayudas millonarias supuestamente irregulares a afines socialistas de una pequeña comarca, la sierra Norte de Sevilla. Para Chaves se trataba de «cuatro o cinco golfos», mientras que Griñán se empeñaba en defender la actitud «proactiva» de su Gobierno para esclarecer unos hechos que ante el Supremo consideró merecedores de «una responsabilidad política e incluso penal». «No creo que hubiera un gran plan, pero hubo un gran fraude y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar», manifestó a los periodistas al salir del alto tribunal, para espanto en su partido. Chaves le corrigió de inmediato y el propio Griñán matizó luego aquella frase.

A Griñán se le juzga por su responsabilidad como consejero de Economía y Hacienda desde abril de 2004 a abril de 2009. Fue presidente desde ese año a septiembre de 2013. El instructor dice de él en el auto de procesamiento que, como responsable de la Consejería de Hacienda, mantuvo el procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, conociendo tanto los mecanismos destinados a ello, transferencias de financiación y modificaciones presupuestarias, «como la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones».

Su situación es la más difícil de los dos expresidentes al enfrentarse a penas de prisión por malversación de caudales públicos, un delito que el instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro desestimó, «pues no se ha acreditado que interviniera en la adjudicación concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos ni que supiera que se estaba disponiendo de caudales públicos para las ayudas con destino al lucro ilícito de terceras personas», dice el auto del 24 de junio de 2015.

Pese a ello el instructor de Sevilla, Álvaro Martín, si aprecia este delito al considerar que Griñán, al conocer que se estaba utilizando un procedimiento ilegal y dejar en manos de «persona no autorizada» la concesión de las ayudas, «asumió la eventualidad de que los fondos vinculados a este procedimiento fuesen objeto de disposición discrecional, si no arbitraria, e, incluso, con fines ajenos a los intereses generales a los que estaban destinados».

Griñán intentará convencer al tribunal con los argumentos que ha defendido en sus declaraciones judiciales y en el Parlamento de que la actuación suya y de Hacienda fue en todo momento «irreprochable», como dijo en el Supremo, y que las competencias del procedimiento administrativo de las ayudas, su concesión y pago a través del Instituto Andaluz de Fomento (IFA), luego IDEA, además de las modificaciones presupuestarias son de la Consejería de Empleo. «Las transferencias de financiación ni las aprobó el señor Griñán ni nadie de su consejería porque no eran competencia de Hacienda. Fue una decisión de la Consejería de Empleo. Las modificaciones del presupuesto tampoco las propone Hacienda», expone su abogado, José María Mohedano, en el recurso contra su procesamiento ante la Audiencia de Sevilla, que lo desestimó. «Nadie puede ser acusado por contaminación de lo que otros hayan podido hacer», subraya la defensa.

Griñán siempre defendió que el fraude o irregularidades, si las hubo, se produjeron en la ejecución del gasto, en alusión a la Consejería de Empleo. Algo que también han sostenido Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo. Y que no se detectó a tiempo porque fallaron los controles, lo que es materia responsable de la Intervención de la Junta pero también de otros órganos como la Cámara de Cuentas, que nunca alertaron del menoscabo de fondos públicos porque nunca los vieron.

Uno de los aspectos peliagudos del interrogatorio de los fiscales estará sobre el informe de la Intervención de la Junta de 2005 en el que se advierte con claridad del uso irregular del sistema de las ayudas y que, según la acusación, debió recibir el consejero de Hacienda. Griñán siempre adujo que nunca tuvo conocimiento de ello porque al no contemplar código rojo, de menoscabo de fondos públicos, su viceconsejera entonces, Carmen Martínez Aguayo, nunca se lo trasladó. Aguayo así lo ha confirmado en el juicio, pero también que ella misma tampoco leyó los informes.

En la comisión de investigación del Parlamento en 2012, Griñán sostuvo: «Si al coche de un vecino le falta líquido de frenos, pues será ese vecino el que tendrá que solucionar ese problema. Yo no lo he visto, lo ha visto mi vecino. A mí no me han llegado nunca los informes de la Intervención».