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En los últimos años, la llegada de pateras a las costas andaluzas se ha disparado. Pese a que actualmente la tendencia es a la baja, la cifra de personas atendidas en la región después de haber sido rescatadas en alta mar a bordo de ... estas embarcaciones supera con creces a la que se daba hace solo tres años. El fenómeno migratorio ha cambiado y las administraciones se han visto ante el reto de dotar a las zonas de la costa de Andalucía de las infraestructuras necesarias para ofrecer una atención digna a estas personas, en su gran mayoría, de origen subsahariano.
Los datos son la mejor muestra de la evolución que ha sufrido el fenómeno migratorio en las costas de la región en los últimos años. 2018 fue el más destacado cara a la asistencia de migrantes, llegando los voluntarios de Cruz Roja a trabajar con 53.680 personas que habían arribado a Andalucía en pateras o que habían sido rescatadas en alta mar a bordo de estas embarcaciones y trasladadas a los puertos de la región.
Esta cifra supone que, solo en dos años, la asistencia a migrantes llegados a bordo de pateras se multiplicara por ocho, ya que en 2016 Cruz Roja asistió a 6.560 personas. La tendencia al alza continuó al año siguiente, con 19.200 migrantes atendidos por la organización, hasta alcanzar el dato de 2018. Pese a que en 2019 la tendencia fue la contraria, bajando hasta las 19.850 asistencias, son datos muy superiores a los que se dieron en 2016, así como en años anteriores.
Tras el rescate, la asistencia y las 72 horas que los migrantes pasan en un primer momento bajo custodia policial, por regla general estas personas eran enviadas a Centros de Internamiento de Extranjeros, permanentemente criticados y en el centro de la polémica. En circunstancias normales, la policía trataría de identificarlos y, ante la imposibilidad de hacerlo porque no llevan documentación, se le pediría al juez el internamiento durante un periodo de 40 a 60 días, plazo en el que las autoridades españolas se ponen en contacto con las de su supuesto país de origen para verificar la identidad. Si se consigue conocer su país de origen se podría proceder a su devolución, si no, quedaban en libertad.
Pero la evolución del fenómeno migratorio puso en jaque las infraestructuras del Ministerio del Interior y las autoridades se vieron obligadas a dejar en libertad a estas personas tras las primeras 72 horas de custodia policial. De hecho, tampoco había infraestructuras para albergar a los migrantes durante ese periodo, llegando a improvisarse polideportivos y hasta una caseta en el real del Cortijo de Torres de la Feria de Málaga porque no había espacio suficiente en las comisarías.
La respuesta del Gobierno se centró entonces en dotar a las zonas de recepción de estas personas de infraestructuras para ofrecerles una atención digna y que no se repitieran imágenes de migrantes caminando por las calles de ciudades andaluzas sin un lugar al que acudir o la que se registró en el Puerto de Málaga, donde un centenar de ellos pasó la noche tirados en el suelo refugiados bajo una carpa de Cruz Roja.
Tras el cambio en este fenómeno migratorio, el Gobierno de España viene trabajando para mejorar las instalaciones en los puertos andaluces, como por ejemplo con la construcción y puesta en funcionamiento de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros –donde permanecen las 72 horas de custodia policial– en San Roque y otro en Málaga, donde además se ha creado un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación con más de 230 plazas, en las que se les alberga tras esas 72 horas mientras buscan un lugar de destino.
Con las obras en infraestructuras sobre la mesa, también se mira al trabajo con los países de origen. La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, insiste en que para el Gobierno es fundamental la colaboración de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) con los países de origen y tránsito, por lo que han solicitado que la UE establezca una verdadera asociación con África centrada en el desarrollo y bienestar.
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