El Gobierno sella 25 captaciones ilegales de agua en el entorno de Doñana

La iniciativa, cuya difusión ha coincidido con el inicio de la campaña electoral, se ejecuta, según el Gobierno, para proteger los recursos hídricos y garantizar los intereses generales y tiene lugar dos días después de que la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, renovara en Sevilla sus críticas a la Junta por la proposición de ley que se tramita en el Parlamento para la regularización de regadíos en el entorno del Parque Natural.

Las intervenciones en la provincia de Huelva, en el entorno de Doñana, se han ejecutado principalmente en los términos municipales de Almonte, Lucena del Puerto, Bonares y Rociana del Condado, cuatro de los cinco municipios incluidos en la propuesta de ley en trámite. Se trata en todos los casos, según explica la Delegación del Gobierno en una nota, de pozos que no cuentan con derecho al uso privativo de aguas, ubicados fuera del suelo considerado agrícola regable en el Plan de Ordenación de Recursos de la Corona Norte de Doñana y que están incursos en procedimientos sancionadores por detracciones ilegales de agua. Las medidas ejecutadas, según el Gobierno, «evitan que continúen las infracciones detectadas en masas de agua declaradas en riego y ante una situación agravada por la fuerte sequía».

Hasta este viernes se han precintado ya 13 de los 25 pozos previstos, y sobre el resto se actuará durante los próximos días. Además, y en paralelo a estas intervenciones, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha procedido a inspeccionar y levantar acta sobre otras captaciones existentes en la misma zona.

Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir también actuó esta semana sobre cuatro captaciones de las siete programadas en municipios de la Vega del Guadalquivir en Sevilla, especialmente en Alcolea del Río y Villanueva del Río y Minas. Esta intervención es fruto de la investigación que desde hace un año realiza la Confederación con el Seprona de la Guardia Civil sobre el uso irregular de aguas superficiales y subterráneas para riego de cítricos y, en menor medida, olivar en esta zona de la provincia de Sevilla, operación que ha permitido detectar el riego ilegal de decenas de hectáreas.

Asimismo, también con la asistencia y colaboración de la Guardia Civil y bajo autorización judicial de entrada en la propiedad, la Confederación ha procedido a la ejecución forzosa subsidiaria consistente en la retirada de tuberías y todo elemento que permita la captación abusiva de aguas subterráneas en dos pozos en la finca Partido de Resina, en Aznalcázar, en una masa de agua declarada en riesgo. La resolución del organismo de cuenca sobre esta intervención ha sido confirmada mediante sentencia de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.