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La reunión celebrada este lunes en Bruselas entre el comisario europeo de Medio Ambiente, el lituano Virginijius Sinkevicius, y el consejero de Sostenibilidad y portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, tuvo dos observadores inesperados. El Gobierno envió a dos miembros de la representación permanente de España en Bruselas para que tomaran nota del contenido de la reunión. Momentos después de la celebración de la misma, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, convocó a los medios de comunicación para hacer su propia valoración del encuentro.
Ribera justificó la presencia de ambos observadores, un abogado del Estado y el consejero de Medio Ambiente ante las instituciones europeas, en la amenaza que pesa para el cumplimiento de la sentencia que obliga a España a rehabilitar el acuífero que nutre a Doñana.
La vicepresidenta aseguró que en la Comisión Europea existe una gran preocupación por Doñana y que la reunión se enmarca en el procedimiento de infracción que –según Ribera- ha abierto la comisión como consecuencia de la iniciativa parlamentaria que se tramita en el Parlamento de Andalucía. En la Junta de Andalucía han lamentado esta afirmación de la vicepresidenta y han negado tajantemente que exista abierto procedimiento alguno a raíz del proyecto de ley, que se encuentra en la fase inicial de su tramitación. Recordaron, además, que la reunión se celebró a iniciativa de la Junta, extremo confirmado por la Comisión Europea.
Ribera se negó a abrir un cauce de diálogo con la Junta de Andalucía sobre este asunto mientras la ley se siga tramitando en el Parlamento de Andalucía y exigió su retirada para sentarse a hablar.
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