Al menos en cinco ocasiones la consejera de Salud, Catalina García, acudió a un latiguillo que en otra época y en otras circunstancias acuñó el entonces jefe de la oposición, Pedro Sánchez: no es no. El momento y el lugar eran muy diferentes. La consejera ... compareció en el Parlamento de Andalucía a petición de los grupos de la oposición para dar explicaciones sobre el borrador de la orden elaborada por su departamento con precios para la eventual concertación de servicios sanitarios, entre ellas el de atención primaria y una y otra vez repitió el 'no es no' para rechazar que la Junta de Andalucía tenga la menor intención de privatizar nada.
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La consejera acusó a los grupos de la izquierda de lanzar acusaciones infundadas con fin de alarmar a la población. «El Gobierno no va a privatizar nada, ene, a, de, a, na-da, no es no», repitió en sus dos intervenciones, una previa y otra posterior a la de los portavoces de los grupos políticos.
García aseguró que el Gobierno andaluz cree firmemente en el sistema público de salud y para ello exhibió los datos en inversiones en infraestructuras y personal sanitario de los que la Junta suele presumir: 4.000 millones de euros más que los que invertía el último gobierno socialista y 30.000 profesionales más que los que había cuando Juanma Moreno llegó a la presidencia.
Aunque dedicó la mayor parte de su intervención a comparar los datos de la actual gestión con los de los gobiernos socialistas, la consejera también justificó la existencia de la orden en una cuestión de previsión y señaló que ya existieron órdenes similares en la etapa del PSOE. «¿Cuando ustedes hicieron esa orden ya querían privatizar la sanidad? -se preguntó la consejera dirigiéndose a los escaños socialistas- Yo creo que no, nosotros tampoco».
Tras asegurar que Andalucía es una de las comunidades que menos gasta en conciertos sanitarios, la titular de Salud y Consumo negó también que su departamento haya intentado ocultar la orden, que fue está publicada en el portal de transparencia de la Junta y en el BOJA del 27 de julio del año pasado.
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Tanta contundencia no sirvió para convencer a la oposición de izquierdas, que sostuvo durante todo el debate que detrás de la orden subyace la intención del Gobierno de la Junta de avanzar en un proceso de privatización de la sanidad.
La socialista Ángeles Prieto afirmó no entender por qué la Junta le pone precio a la atención primaria si no tiene intención de privatizar nada y aseguró que la Administración autonómica tiene recursos suficientes para recuperar la atención primaria. «El problema es que no quieren hacerlo» dijo. Acusó al Gobierno andaluz de recurrir a la sanidad privada para solucionar los problemas que él mismo ha generado y aseguró que la orden no es para concertar, sino para privatizar.
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Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, recordó que es la primera vez en la historia que se fijan precios de concertación para la atención primaria y que el documento conocido no deja mucho margen a la imaginación. «Si han puesto precio a la atención primaria es que pueden concertarla», dijo. La portavoz afirmó que los récords en los días de espera en atención primaria, en aseguramientos privados en Andalucía y en beneficios de las empresas de sanidad privada y de las multinacionales farmacéuticas hay que apuntarlas en el casillero de la consejera.
Por su parte, Maribel Mora, de Adelante Andalucía, aludió a un porcentaje en su opinión escandaloso de conciertos sanitarios y pidió la retirada de la orden.
Sólo el portavoz de Vox, Rafael Segovia, no mostró temor a un posible cambio de modelo hacia la privatización y dijo que un sistema solamente público sería ineficiente y que si fuese necesario, la Junta debería llegar a acuerdos con el sector privado.
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