El Gobierno andaluz se apoya en la izquierda para aprobar dos normas y aísla a Vox y su «ley de concordia»

Tres semanas después de que las cuentas para 2022 fueran rechazadas al quedar en minoría el Gobierno por la suma de los votos de los grupos de la izquierda y Vox, el panorama cambió radicalmente al abordarse estas dos normas, que han estado precedidas de pacientes procesos de negociación de los que solamente el partido de Abascal optó por descolgarse.

La agencia TRADE supondrá la fusión en un solo ente de los entes instrumentales agencia IDEA y la Agencia Andaluza del Conocimiento (ACC), ambas dependientes de la Consejería de Transformación Económica; la Empresa Pública de Promoción Exterior (EXTENDA), adscrita a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior; y la Fundación Andalucía Emprende, perteneciente a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

Para el consejero Rogelio Velasco, su puesta en marcha favorecerá al tejido productivo y empresarial andaluz, contribuirá a impulsar la recuperación económica y permitirá contar con una estructura administrativa adecuada para gestionar la ejecución de los fondos europeos que llegarán en los próximos meses.

Para completar el panorama de aislamiento de Vox, la jornada parlamentaria se completó con el debate de la toma en consideración de su 'Ley de Concordia', con la que esa formación intentó conseguir la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. La iniciativa sólo cosechó el apoyo del grupo proponente. La abstención del PP y Ciudadanos y el rechazó del PSOE, Unidas Podemos y los no adscritos arrojó un resultado de diez votos a favor, 49 en contra y 45 abstenciones.

El acuerdo de investidura firmado en 2019 por el PP y Vox preveía la promoción de una ley de concordia y el diputado popular Adolfo Molina, fundamentó la abstención de su grupo en que la propuesta del partido de Abascal no buscaba la concordia vaciaba esa palabra de su significado al haber llegado a la cámara sin el más mínimo intento de consenso.

En un sentido similar se expresó el diputado de Ciudadanos Enrique Moreno, mientras que desde el PSOE y Unidas Podemos se arremetió con dureza contra la iniciativa, calificada de provocación por la parlamentaria de UP Ana Naranjo. La socialista María Márquez recordó por su parte que la Ley de Memoria Democrática, actualmente en vigor, salió adelante en su día sin votos en contra y criticó la falta de iniciativa del Gobierno andaluz para cumplirla.