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El Gobierno andaluz no parece dispuesto a ceder terreno en la guerra de relatos desatada desde que el Tribunal Constitucional comenzó a emitir en cascada sentencias que anulan la acordada por la Audiencia de Sevilla sobre el caso de los ERE y refrendada posteriormente por ... el Tribunal Supremo. Ante la postura socialista de presentar como rehabilitados a los ex altos cargos de la Junta cuyos recursos han sido estimados - parcialmente en la mayoría de los casos-, el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, señaló que el Constitucional « digan lo que digan algunos, no ha absuelto a nadie, ni ha declarado inocente a nadie».
Fernández-Pacheco, que compareció tras el Consejo de Gobierno de este viernes, puso el foco en el dinero desviado durante varios años de la etapa socialista y aseguró que la recuperación de esos fondos es el objetivo del Gobierno andaluz.
El portavoz recordó que lo que ha ordenado el Constitucional es devolver las actuaciones a la Audiencia de Sevilla para que dicte una nueva sentencia y que por lo tanto habrá que esperar a ese momento y para hablar de rectificación o absolución de los condenados.
No obstante, reconoció que el empeño de la Junta de Andalucía por recuperar los fondos desviados irregularmente puede verse afectado cuando haya una nueva sentencia, ya que la búsqueda del dinero se ha basado hasta ahora en el delito de malversación «que ahora se está intentando borrar», pero no va a ser hasta que que la Audiencia de Sevilla tome una decisión cuando se sepa en qué medida las decisiones adoptadas por el Constitucional puede afectar a la recuperación del dinero.
A lo que no a afectado es a la valoración que la Junta hace de ese caso. Fernández-Pacheco enfatizó que no consistió en otra cosa que en el desvío de 680 millones de euros de dinero público que fue sacado del circuito legal y de transparencia para repartirlos al margen de cualquier control. «Ese desvío de dinero público es el que algunos quieren borrar y este gobierno quiere recuperar», enfatizó.
El portavoz rechazó la interpretación que se está haciendo desde las filas socialistas para asegurar que se trató de un sistema que se dedicó dinero público a comprar paz social a través de una red clientelar con el objetivo de mantener en el poder al PSOE a toda costa. «¿Gastar el dinero de todos sin fiscalidad alguna y de forma arbitraria es acaso ético, es moral, es aceptable?», preguntó.
También preguntó a los dirigentes socialistas si «entre homenaje y homenaje» a los condenados va a dedicar algún esfuerzo a contribuir a la recuperación de los fondos desviados. «Lejos de enredos y de tomaduras de pelo, estamos ocupados en recuperar el dinero de los andaluces», concluyó.
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