El Gobierno activa en pacto de Doñana con el reparto de 70 millones a los municipios de la zona

De esta manera ha quedado atrás la minicrisis desencadenada tras la aprobación por parte de la Junta del Decreto de Simplificación Administrativa, que incluía dos artículos que en el Ministerio para la Transición Ecológica entendieron que transgredía los términos del acuerdo. En ambos puntos, posteriormente corregidos, se aplicaba una cláusula de retroactividad a la reconversión de suelo forestal con especies de ciclo corto en cultivable. A partir de ese momento, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, congeló la aplicación del acuerdo suspendiendo una reunión prevista con los alcaldes de la zona para acordar los criterios para el reparto de los fondos que irán directamente a los ayuntamientos.

La modificación de ambos artículos a través un nuevo decreto aprobado en el Parlamento la semana pasada dio lugar al desbloqueo del acuerdo, que se ha comenzado a materializar este martes con una reunión del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con los alcaldes de los 14 municipios afectados, a quienes se les comunicó el criterio adoptado para la asignación de los 70 millones previstos para los municipios.

La puesta en marcha del reparto de ayudas no ha comenzado, sin embargo, con consenso. Dos de los ayuntamientos –Almonte e Hinojos, ambos de la provincia de Huelva- se han desmarcado al considerar injusto el criterio aplicado. Se trata de los dos municipios con más territorio en el espacio natural y sus alcaldes, el independiente Francisco Bello y la popular Joaquina del Valle, consideran que el reparto equitativo decidido por la mayoría no responde a la realidad de la zona y por lo tanto es injusto.

Esta discrepancia ya se puso de manifiesto en las primeras reuniones mantenidas por los alcaldes, en las que los intentos para consensuar un sistema que convenciera a todos fracasaron. En la reunión de este martes, Morán comunicó que se aplicará un criterio de reparto equitativo que convence a la mayoría. A favor de este criterio están los municipios de Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, Bonares, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, La Puebla del Río, Rociana, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa

Así, el secretario de Estado señaló que se hará un reparto en igualdad de condiciones, con un suelo de cuatro millones de euros y un techo de ocho, con lo que no habrá prevalencia de un municipio sobre otro. Se trata de un criterio muy diferente al propuesto por los dos ayuntamientos disidentes. Almonte, que recibirá ocho millones de euros, había propuesto una horquilla de entre 18 y 27 millones, mientras que Hinojos, que pidió entre 8,9 y 10,9 millones, recibirá 5,9 millones.

El alcalde almonteño, un histórico del PSOE que abandonó esta formación y ahora gobierna el municipio al frente de un partido independiente, calificó de «fraude a los ciudadanos» esta forma de reparto, que a su juicio es consecuencia de un acuerdo político entre los alcaldes socialistas al que el Ministerio se ha adherido. «Después de casi dos horas de reunión no hemos conseguido que el secretario de Estado nos indique cuáles son los criterios de reparto», lamentó.

Los ayuntamientos, que recibirán la mitad del dinero este año y la otra mitad, el próximo, podrán destinarlo a cinco líneas diferentes de actuación: ciclo del agua, eficiencia energética, movilidad sostenible, renaturalización de ciudades y sostenibilidad del territorio. Las medidas deberán ejecutarse hasta 2027.