El caso de Gabriel envenena el debate de la prisión permanente en el Congreso

El debate de hoy sobre la prisión permanente estuvo aparcado durante meses en el Congreso a la espera de que el Constitucional resolviera el recurso que presentó toda la oposición en 2015 contra la incorporación al Código Penal de esta figura, promovida en solitario por el PP al amparo de su mayoría absoluta en la primera legislatura de Rajoy. Había un acuerdo tácito entre los grupos para aguardar al fallo de la corte. Pero la pugna entre el PP y Ciudadanos dinamitó el consenso y, al calor del descubrimiento del cuerpo sin vida de Diana Quer, populares y liberales se enzarzaron en una disputa por ser el proponente de medidas más drásticas para los crímenes con gran repercusión social.

El debate es tan visceral que muchos han confundido los términos del debate de este jueves en el Congreso porque no se va a aprobar o rechazar la derogación de la prisión permanente revisable. Solo se van a discutir y votar dos enmiendas a la propuesta del PNV para suprimirla. La del PP pretende ampliar el número de supuestos para aplicar la medida, y la de Ciudadanos aspira a endurecer los requisitos para conceder el tercer grado. Lo más probable es que ambas sean derrotadas porque PSOE, Podemos y los nacionalistas superan en votos, suman 181, a los 169 que reúnen populares y naranjas, que se darán apoyo recíproco. El rechazo abrirá el paso a la tramitación de la derogación en la Comisión de Justicia de la Cámara.

Pero el resultado es casi lo de menos. Los defensores de la derogación saben que se arriesgan a pagar un precio político y electoral. «Les costará muchos votos», pronosticó ayer Juan Carlos Quer, padre de Diana. Ciudadanos y el PSOE aceptan que pueden ser los paganos en este debate por la transversalidad de su masa social. El partido de Albert Rivera teme una factura abultada por su volantazo ya que en octubre de 2016 tachaba de inconstitucional y de cadena perpetua camuflada a la prisión permanente, y permitió con su abstención la aprobación de la iniciativa del PNV para la derogación. Pero en febrero pasado, tras el hallazgo de cadáver de Diana Quer, presentó una enmienda a la totalidad a la proposición de los nacionalistas vascos para «tapar el verdadero agujero del sistema penitenciario, el tercer grado», declaró en su momento el secretario general del partido, Juan Carlos Villegas.

Los socialistas eran los más fervientes defensores de esperar a la resolución del Constitucional del recurso que impulsaron hace tres años, y ahora se ven atrapados entre mantener la coherencia con su posición inicial y el respaldo de parte de su electorado a la medida. Hay dirigentes del PSOE que incluso no descartan un cambio de postura si la corte de garantías resuelve que la prisión permanente no vulnera la Constitución. Por ahora, se mantiene la postura derogatoria porque, según dijo Pedro Sánchez: «Los políticos tenemos que estar a la altura en momento como este y no se nos puede ver presos de la ansiedad y trasladando cambios de opinión».

Unos temores que no afectan al PP, ferviente defensor desde el primer momento de la reclusión indefinida porque, entre otras razones, es una medida muy apoyada entre sus votantes. Tampoco hacen mella en Podemos pese al momento del debate porque es declarado abolicionista con el beneplácito de la mayoría de su electorado.