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El Gobierno ha deshojado la Margarita. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes la orden ministerial de Hacienda donde se fija el reparto entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de los 7.000 millones de euros con que está dotada la Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas. Andalucía recibirá 1.109 millones de euros, una cantidad que la Junta considera escasa producto de un reparto realizado bajo criterios subjetivos.
Con el 18 por ciento de la población española, la comunidad andaluza percibirá una cantidad inferior a ese porcentaje si se toma en cuenta el global a repartir, el 15,8 por ciento.
En esta situación se encuentra la mayor parte de las comunidades no insulares, ya que el Gobierno decidió reservar 2.000 de los 7.000 millones para Canarias y Baleares por el grave quebranto sufrido por el turismo como consecuencia de la pandemia y al peso que ese sector tiene en la economía de ambos archipiélagos. El Gobierno andaluz ha lamentado que no se haya tenido en cuenta que también en Andalucía, con 33 millones de visitantes en 2019, el peso del sector turístico es determinante.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, señaló ayer en ese sentido que Andalucía no debe recibir 1.100 millones de euros, sino al menos 2.000 millones. Moreno, que lamentó que el Gobierno no haya aplicado el criterio poblacional , destacó que no se ha atendido la propuesta de la Junta y que otras comunidades con menos habitantes y con menor capacidad desde el punto de vista turístico vayan a recibir más. «El criterio no es objetivo», señaló.
«No es lo mismo dar servicio a 8,5 millones» de personas, como es la población andaluza, que «a un millón y medio, con todos los respetos a comunidades autónomas que tienen también una enorme capacidad turística» como Andalucía pero una población menor, según ha argumentado el presidente de la Junta, quien en esa línea ha llamado la atención acerca de que haya regiones que «perciben más cantidad de dinero» de la citada línea de ayudas «teniendo menos habitantes y menos capacidad desde el punto de vista turístico» que el territorio andaluz.
Según Moreno, desde que comenzó la pandemia, éste es el quinto reparto de recursos económicos en el que Andalucía ha resultado perjudicada.
Además, reclamó que cuanto antes se celebre una reunión sectorial para que el Gobierno dé a conocer los detalles que permitan poner en marcha todo el procedimiento administrativo que requiere el reparto de los fondos, ya que, advirtió, deben ejecutarse este mismo año. «No podemos esperar ni un minuto más», dijo.
Abundó en ese sentido que el Gobierno andaluz no tiene ni un solo detalle de cómo se aplicarán estos recursos y que cada día que pase será más difícil ponerlo en marcha.
Para la delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, la valoración ha sido diametralmente opuesta. En su opinión, el reparto demuestra «la sensibilidad» que el Gobierno está teniendo con Andalucía». En su opinión, la región, de nuevo, está entre las más beneficiadas y el Gobierno de Pedro Sánchez «se está volcando con nuestra tierra para proteger a los sectores económicos más golpeados por la pandemia», destacó.
Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, valoró positivamente el montante que recibirá Andalucía y pidió al presidente de la Junta que «antes de protestar» sobre la cuantía que «se gaste lo que le llega» para ayudar a los negocios afectados por la crisis derivada de la pandemia.
La dirigente socialista señaló que ella siempre estará dispuesta «a pedir lo que haga falta» para Andalucía, pero «antes de protestar que se gasten lo que llega» porque, ante la coyuntura económica actual, es «muy necesario» que las ayudas lleguen a los sectores afectados por el impacto de esta crisis.
El Ejecutivo ha decidido repartir las líneas de ayuda en dos créditos extraordinarios, uno de 2.000 millones para Baleares y Canarias, que en su opinión han sufrido un impacto económico superior debido a su especial dependencia del sector turístico, y otro de 5.000 millones para el resto de comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
Para el reparto de esos 5.000 millones, según la explicación oficial, se han atendido los mismos indicadores y con la misma ponderación que se utilizaron en la asignación del fondo REACT EU. De esa manera, dos terceras partes de su importe se distribuyen según el peso relativo del indicador de renta de cada Comunidad Autónoma, que mide la caída del PIB en 2020 moderado en función de la prosperidad relativa de cada una de ellas.
El indicador de renta de cada comunidad y ciudad autónoma es la cifra resultante de dividir el peso relativo de cada territorio en la caída del PIB de 2020 en relación con 2019 entre su respectiva prosperidad relativa, medida a través de su renta per cápita respecto de la renta per cápita nacional.
Dos novenas partes del importe se distribuyen según el indicador de desempleo, que considera la media ponderada entre el peso de la comunidad en el total de parados registrados en enero de 2020 y su contribución al incremento del paro registrado nacional desde el 31 de enero y hasta final de ese ejercicio.
Una novena parte de su importe se distribuye conforme al indicador de desempleo juvenil (16-25 años) que, análogamente al criterio anterior, considera la media ponderada entre el peso de la comunidad o ciudad autónoma en el total de jóvenes parados registrados en enero de 2020 y su aportación al incremento del paro juvenil registrado a lo largo del año pasado en todo el país.
En cuanto al segundo compartimento de 2.000 millones de euros reservado para las Comunidades de Baleares y Canarias, su reparto se realizará de forma proporcional a su peso relativo en la caída en 2020 de los afiliados a la Seguridad Social en términos netos. Este indicador se medirá con la reducción del número medio anual de afiliados en alta entre 2019 y 2020, descontando el efecto del número de trabajadores en ERTE medios en 2020.
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