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Andalucía está aún lejos de solucionarse, pero dos circunstancias encadenadas durante esta semana han empujado en la dirección más deseada por la Junta: que el foco político apuntara a las necesidades de las cuatro autonomías más perjudicadas por el actual sistema y que se pusiera ... sobre la mesa una medida que se viene reclamando desde hace tiempo.
La imagen de los presidentes de Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Murcia abordando este asunto mientras esperaban el inicio de un acto en Fitur consiguió centrar el foco de atención. En parte por la singular posición del presidente castellano manchego, el socialista Emiliano García Page, dentro de su propio partido, pero también porque el encuentro estuvo precedido por la publicación de un nuevo informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) .
Este estudio, elaborado por el director de esa entidad independiente, Ángel de la Fuente, analiza con datos actualizados la infrafinanciación que padecen estas cuatro comunidades y propone con fundamentos técnicos la creación de un fondo transitorio de nivelación para corregir provisionalmente esa situación.
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Héctor Barbotta
Uno de los elementos que aporta este informe y que dio sustento técnico al reclamo de la creación del fondo es que estima en 3.277 millones de euros la cantidad necesaria, lo que sólo supondría aumentar en un 7 por ciento la dotación del sistema. La otra novedad, a partir de los últimos datos disponibles, es que la cantidad que pierde Andalucía cada año es de 1.409 millones de euros y no de poco más de mil millones como se venía reclamando hasta ahora.
El informe incide en que el actual sistema de financiación es excesivamente complicado y poco transparente, una afirmación con la que resulta difícil encontrar discrepancias. Para el profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide y también investigador de FEDEA Diego Martínez, se trata de una complejidad producto del propio desarrollo histórico del modelo, al que se fueron agregando diferentes fondos a lo largo de los años para que no se generaran perdedores nítidos. «Es una complicación que viene de intentar satisfacer a todos, lo cual no suele ser nada fácil», señala. El resultado, según el economista Francisco Tato Jiménez, decano del colegio profesional de Sevilla, es un sistema «complicado de entender incluso para los técnicos». Destaca que el modelo incurre en otro problema, la arbitrariedad. «Deja facultades al Gobierno de turno para satisfacer necesidades políticas», lamenta.
Para el presidente del Consejo de Economía de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Miguel Ángel Martín, no se trata de un problema menor, ya que el sistema de financiación no solamente provee recursos para la prestación de los servicios públicos. «Los presupuestos y la financiación son importantes desde el punto de vista de la actividad empresarial para lo que llamamos bienes económicos de carácter público, que es lo que hace posible con bienes públicos que la actividad de las empresas vaya bien», advierte. En su opinión, el informe de FEDEA apunta claramente qué se debe hacer para reformar el modelo.
Ante un sistema de reparto que no parece seguir ninguna lógica, el informe indica que hay que avanzar hacia un modelo más sencillo y transparente que los ciudadanos puedan comprender y con base en dos criterios: un reparto más equitativo y una mayor responsabilidad fiscal que obligara a los gestores autonómicos a considerar no sólo los beneficios sino también los costes de sus actuaciones.
Se trata de dos principios al parecer antagónicos, ya que conectar la posibilidad de gasto en una comunidad a su capacidad recaudatoria podría perpetuar las desigualdades. El propio informe ofrece una solución a esta dicotomía proponiendo un punto de partida de mejora de la equidad del reparto territorial a partir de un fondo complementario de nivelación similar al que reclama Andalucía.
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