El PP y Ciudadanos, los dos partidos que sustentan al Gobierno andaluz, respaldaron este lunes la propuesta del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de quitar carga fiscal a los precios de la energía para hacer frente a la crisis inflacionaria, agravada por el el conflicto bélico en Ucrania y el deterioro de las relaciones económicas con Rusia. En concreto, desde ambos partidos se ha instado al Gobierno a reducir el IVA de los combustibles y la electricidad, propuesta que ha sido concretada por Ciudadanos en una Proposición No de Ley (PNL) presentada en el Parlamento de Andalucía en la que se pide a la Junta que inste al Gobierno a bajar del 21 al 4 por ciento los impuestos de la factura eléctrica, del gas natural y de los carburantes.
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La propuesta, ya planteada por Moreno y sobre la que Pedro Sánchez todavía no se ha pronunciado, persigue reducir mediante la bajada de impuestos el impacto de la escalada de los precios energéticos y de los carburantes sobre las economías domésticas y también sobre la formación de precios y los costes de producción en todos los sectores de la economía.
La medida, de adoptarse, también tendría repercusión, en sentido contrario, sobre la financiación de las las administraciones autonómicas, que reciben un 50 por ciento de lo que el Estado recauda en concepto de IVA.
El propio Marín recordó ayer que se trata de impuestos que forman parte de los ingresos de las comunidades autónomas, por lo que se trata de una propuesta de solidaridad compartida entre las administraciones con la que se pretende permitir que las empresas sean más competitivas, que los trabajadores mantengan sus empleos y que las familias puedan llegar a fin de mes.
Impuestos especiales
Además de con el IVA, que afecta a todos los bienes y servicios, los hidrocarburos y la energía eléctrica están gravados también con impuestos especiales que suponen una parte sustancial de la financiación de las comunidades autónomas. En concreto, durante 2020, último ejercicio liquidado, Andalucía percibió casi 1.400 millones de euros por transferencias del impuesto a los hidrocarburos y otros 228 millones por los impuestos incluidos en la tarifa eléctrica.
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En la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado fin de semana en la isla de La Palma, tanto Moreno como el presidente gallego y próximo líder nacional del PP, Núñez Feijóo, y el resto de los mandatarios autonómicos populares pidieron al Gobierno una reducción de estos impuestos, también con el objetivo atenuar la subida de los precios agravada por la guerra.
Aunque el Gobierno no ha descartado adoptar alguna medida en ese sentido, de momento ha evitado asumir el compromiso de manera unilateral. La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas establece que cualquier decisión de este tipo adoptada al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera obligaría al Estado a compensar a las comunidades autónomas por la merma en sus ingresos mediante una modificación en el sistema de financiación para el siguiente quinquenio. Así, la medida sólo mermaría los ingresos del Estado, que debería asumir por compensación lo que dejaran de ingresar las autonomías. Por ese motivo, el Gobierno pretende que, de adoptarse una resolución de este tipo, se haga por acuerdo de todas las comunidades.
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La secretaria general del PP de Andalucía, Loles López, urgió este lunes al presidente del Gobierno a adoptar medidas y le reclamó, «que pase de las declaraciones de intenciones a los hechos» y ponga en marcha soluciones ante la inflación, el aumento del coste de la energía y los carburantes y el incremento del coste de la vida.
En su opinión, ante esta situación el Gobierno de España tiene que actuar, bajar impuestos y atender las peticiones de las comunidades autónomas.
López indicó que, «desde la lealtad al Gobierno de la Nación», Andalucía pide medidas concretas para solucionar los problemas del país como la bajada del IVA de la energía, los carburantes y los productos básicos, plantear a la Comisión Europea que la electricidad tenga un IVA superreducido del 4%, bajar los impuestos indirectos que gravan la electricidad y una bajada en el Impuesto sobre los hidrocarburos, así como suspender tasas, licencias y otros costes asociados a los sectores más afectados.
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