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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha avalado la petición del Gobierno andaluz para el cierre perimetral del municipio granadino de Montefrío con el objetivo de frenar el avance de contagios por covid, una medida que fue tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La Fiscalía del Supremo ha respaldado la anulación del auto del TSJA, que no rechazó en su día el cierre de esta localidad granadina, argumentado que dicho cierre era necesario e idóneo al objetivo sanitario perseguido por las autoridades autonómicas.
La decisión de la Fiscalía considera que la libre circulación de personas afectadas por el virus «puede suponer un serio incremento del riesgo para la salud, la integridad física y la vida de terceros«. Además, recoge que desde el punto de vista de la proporcionalidad de sus consecuencias es «una restricción necesaria e idónea para la finalidad preventiva que se persigue».
Por todo ello, pide a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que retrotraiga las actuaciones al momento inmediatamente posterior a la presentación de las alegaciones del Ministerio Fiscal en la instancia, que decidió en contra del cierre sin escuchar antes el criterio del Ministerio Público.
En este escrito de la Fiscalía difundido este lunes se sostiene que el cierre perimetral «no excede sustancialmente, en términos de razonable interpretación de la ley, del control del medio ambiente inmediato en el que la libre circulación de las personas enfermas de Covid-19, y de las que estén o hayan estado en contacto con ellas, puede suponer un serio incremento del riesgo para la salud, la integridad física y la vida de terceros».
La Fiscalía del Supremo mantiene que el argumento esgrimido por el TSJA para el rechazo del cierre «no supera el canon de razonabilidad» al considerar que «choca de frente con la evidencia certificada de una elevada tasa de contagio», además de usar la hipótesis de la proporcionalidad de vacunados en el municipio que «es puramente especulativa».
En el caso de que el alto tribunal no considerara la retroacción de las actuaciones y de forma subsidiaria, el fiscal interesa la casación y anulación del auto recurrido, «con declaración expresa de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del Ministerio Fiscal».
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