«La corrupción es incompatible con el estado democrático», advierte la Fiscalía en su informe sobre la sentencia de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción se opone a que se suspenda la ejecución de las penas previstas en la sentencia del caso de los ERE. El Ministerio Público así lo ha comunicado en un informe de seis páginas que ha sido remitido a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, tribunal que juzgó la causa y que ahora es la encargada de ejecutar la sentencia.

La suspensión de la ejecución de las penas fue solicitada por nueve de los condenados, entre ellos el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, que pidieron que no se ordenara su entrada en prisión hasta tanto se resuelva su solicitud de indulto. Con la posición de la Fiscalía ya sobre la mesa, el tribunal deberá decidir si ejecuta la condena o espera tal y como solicitaron estos ocho penados.

En el informe, la Fiscalía indica que el Código Penal recoge cuáles son los casos excepcionales en los que eventualmente cabría suspender el ingreso en prisión y sostiene que el de Griñán y el resto de los condenados no se ajusta a esa circunstancia.

El escrito recuerda que las penas impuestas los condenados que han realizado la petición son lo suficientemente largas -entre tres años y siete años y once meses de prisión- para que se pueda estimar que la posible concesion del indulto no se vea frustrada en su eficacia por el inicio de las ejecuciones,

Los fiscales recuerdan también que se está ante un caso de corrupción política, ques incompatible con un estado democrático de derecho «en el que han de prevalecer principios como la igualdad ante la ley, el control del poder público, la imparcialidad y la corrección en la actuación administrativa».

Señalan asimismo que podría suspenderse la entrada en prisión cuando el tribunal apreciase que con el cumplimiento de la pena podría resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. En este caso, entienden que tratándose de la ejecución de la pena impuesta no cabe apreciar tal dilación.

En concreto, insiste en que en la sentencia firme dictada por el Supremo se recoge de manera expresa que durante la tramitación de toda la causa no se han producido dilaciones que hayan merecido la consideración de indebidas con la consiguiente atenuación de la pena, «ni que éstas se hayan producido en el dictado de la sentencia de casación atendiendo al número y complejidad de los recursos interpuestos ante la sentencia de instancia».

Recuerda en ese sentido que la sentencia del Alto Tribunal «no ha sufrido dilaciones más allá de las que se derivan» de las peticiones que han presentado las defensas, que «no pueden ser calificadas como indebidas».

Asimismo, sostiene que la medida de gracia tiene un «carácter excepcional» porque «el interés público reclama que las resoluciones judiciales firmes se cumplan».

La Fiscalía ha elaborado este informe atendiendo al requerimiento de que se pronunciara despues de que Griñan, los ex consejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández; los ex viceconsejeros Jesús María Rodríguez y Agustín Barberá; y Miguel Ángel Serrano, ex director de la agencia IDEA, y Juan Márquez, exdirector de Trabajo, solicitaran la suspensión de la ejecución de la sentencia hasta tanto el Gobierno central resuelva si les concede el indulto.

Ahora, una vez escuchadas las partes, la Audiencia de Sevilla deberá decidir si ordena o no el ingreso en prisión, un trámite para el que se suele conceder un plazo de diez días.

Además de las peticiones de indulto presentadas el pasado 1 de septiembre, la defensa de Griñán formuló el 27 de ese mes, un incidente de nulidad en el Tribunal Supremo (TS) que aún está pendiente de respuesta.

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