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José Luis Piedra
Sevilla.
Viernes, 12 de enero 2024, 01:00
El fiscal de la Audiencia de Sevilla concluyó ayer en el juicio contra el exchófer del que fuera director general de Trabajo de la ... Junta y cabecilla de los ERE que era la «caja pagadora de la coca, copas y antigüedades», gastos que su sufragaron de forma fraudulenta con el dinero público de estas ayudas autonómicas que iban destinadas a empresas en crisis.
El juicio contra el que fuera conductor de este ex alto cargo socialista, Juan Francisco Trujillo, finalizó ayer en su cierre el procesado tomó su última palabra para esgrimir su colaboración con la justicia y el sufrimiento y acoso que ha padecido por sus responsabilidades, argumento que utilizó para reclamar la rebaja de sus penas de prisión que se le piden y que alcanzan los 10 años. El exchófer de Francisco Javier Guerrero solicita que ninguna de sus penas de prisión supere los dos años, además de pedir que sean suspendidas.
El acusado pidió al tribunal la aplicación de dicha atenuante en la categoría de dilaciones muy cualificadas en segundo grado porque los hechos «se remontan a 2004 y 2005 y han transcurrido casi 20 años».
El Ministerio Público planteaba en principio penas de hasta 14 años de cárcel por los delitos de malversación, aunque finalmente redujo su petición a diez años y tres meses de cárcel al apreciar la atenuante simple de dilaciones indebidas en la tramitación de la causa.
Esta última sesión de la vista oral estuvo centrada en las conclusiones y los informes finales de todas las partes, tanto de la Fiscalía como del Gobierno andaluz y el PP-A, que ejercen la acusación, así como las defensas de los inculpados que son, junto a Juan Francisco Trujillo, Isidoro Ruz Espigares como administrador de una de las empresas relacionadas con el exconductor, el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, ya condenado por otra pieza relativa a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), la esposa del exchófer, Juana Gallego, que estaba acusada únicamente como beneficiaria a título lucrativo de las actuaciones del que fuera su marido.
Este nuevo juicio de los ERE es una pieza separada de la macrocausa sobre las ayudas autonómicas fraudulentas concedidas en la época en la que gobernaba el PSOE en la Junta, en concreto, una partida correspondiente a casi 1,5 millones concedidos.
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