El final de la legislatura deja sin aprobar la Ley de Economía Circular y otra decena de normas

El final prematuro de la XI Legislatura dejará sin aprobar cinco proyectos de ley promovidos por el Consejo de Gobierno de la Junta que se encuentran en tramitación y que decaerán al disolverse el Parlamento. Todas estas normas, de existir voluntad política y mayoría parlamentaria para ello, deberán volver a tramitarse desde el principio en la próxima legislatura tras las elecciones andaluzas del 19-J.

Entre estos proyectos de ley que quedarán sin aprobar destaca el de la Ley de Economía Circular, incluido en el orden del día del pleno programado para este miércoles, que finalmente no se celebrará. Esta norma, contaba con consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios, por lo que iba a salir adelante.

Tampoco tendrá refrendo parlamentario el dictamen de la comisión de investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), aprobado en comisión con los votos del PP, Ciudadanos y Vox y que había sido incluido como primer punto en el orden del día del pleno previsto para esta semana. El texto atribuía «responsabilidad política» por las irregularidades en ese ente, ya disuelto, a los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.

Entre los proyectos de ley que no han conseguido acabar su tramitación también se encuentran el de Policías Locales de Andalucía, el de creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta de Andalucía. Ambos iniciaron su tramitación parlamentaria en el pleno del pasado 6 de abril, por lo que estaban dando sus primeros pasos parlamentarios. Uno de ellos, el de Policías Locales, superó ese día una enmienda a la totalidad presentada por el PSOE que no consiguió la adhesión de ningún otro grupo.

Otras de las iniciativas parlamentarias que decaen es el proyecto por el que se modifica la Ley 4/2017 de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, que también inició su tramitación en el último pleno, y el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía, abordado el pasado 19 de abril en la comisión parlamentaria de Transformación Económica con la comparecencia de los agentes sociales.

Asimismo, con la disolución del Parlamento decae también la tramitación de proyectos de ley presentados por los grupos políticos, entre los que destaca el de reordenación de los regadíos en el Condado de Huelva que afecta a los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Esta iniciativa, presentada por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, nació rodeada polémica por la posible afectación al acuífero que nutre al Parque Nacional de Doñana.

Otra de las tramitaciones que no ha llegado a concluir a tiempo es la aprobación del Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción que ha presentado el director de ese organismo, Ricardo Vicente Puyol. En la misma situación la propuesta de reforma del Reglamento del Parlamento propuesta por la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet.

Tampoco ha concluido su tramitación la propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, a tramitar ante la Mesa del Congreso de los Diputados y suscrita por los diputados del Grupo Popular y de Ciudadanos para la supresión del aforamiento para los parlamentarios andaluces, el presidente de la Junta y los miembros del Consejo de Gobierno.

En la misma situación quedan dos proposiciones de ley de Iniciativa Legislativa Popular, una para estabilizar el empleo público temporal en Andalucía, y otra de modificación de la Ley de Educación de Andalucía.

Tampoco han llegado a tratarse las dos proposiciones de ley registradas por los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía, para la protección de la juventud ante la adicción a los juegos y el riesgo de ludopatía temprana, y para la regulación de los procedimientos de emergencia social.

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