Familiares de desaparecidos piden a las autoridades que no les dejen en el olvido

José Antonio cuenta el caso de su madre en un foro organizado ayer en Sevilla por la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSD (‘Quién sabe dónde’) Global, que preside el periodista Francisco Lobatón, pionero en el periodismo de búsqueda de desaparecidos en la televisión. La jornada fue programada para debatir sobre el papel de los ayuntamientos ante la desaparición de personas y se convirtió en un clamor de familiares de estas para que no caigan en el olvido una vez que pasan los meses, la justicia archiva el caso y la policía sigue sin pistas para reabrir la investigación.

Es lo que lamenta Remedios Cruz, vecina de Sevilla. Su hijo Manuel Ríos se fue el puente de los santos de 2009 a Málaga con unos amigos. Tenía 25 años y desapareció junto con otras dos personas en un barco en el mar. «A los cuatro o cinco días dejaron de buscarlo, lo dieron por muerto. Llevo ocho años luchando por saber si se ahogó o no. Nunca se me ha hecho caso, ni el Defensor ni el Ayuntamiento de Sevilla», comenta desazonada.

Aunque la posibilidad de la muerte tenga indicios claros, la familia se resiste y no pierde la esperanza de encontrar con vida a la persona perdida. Carmen Gómez, hermana del joven espeleólogo de Mijas Juan Antonio Gómez Alarcón desaparecido el 20 de julio de 2010, se emociona todavía al recordarlo. Entonces tenía 32 años, se conocía la sierra muy bien hasta el punto de haber escrito – qué paradoja– una guía «para que nadie se perdiera». Un día caluroso decidió irse a la montaña de senderismo sin móvil. «Lo más probable es que le haya pasado algo y esté en algún lugar de la sierra, la montaña malagueña es muy escarpada y es difícil encontrarlo, pero a pesar de ello, piensas, ¿y si se dio un golpe en la cabeza y no recuerda nada? La esperanza de que esté vivo nunca la perdemos», dice Carmen.

Carmen reconoce la «voluntariedad» de las fuerzas del orden público en la búsqueda de su hermano, pero opina que hubo muchos fallos en los primeros días. Alguien vio a su hermano en una estación de autobuses interurbanos de Fuengirola, pero a nadie se le ocurrió revisar las cámaras de seguridad.

Eso fue en 2010, pero cinco años después volvió a repetirse este despiste en la búsqueda de Paco Molina, un joven que el 2 de junio de 2015 tenía 16 años cuando alguien también le vio coger un autobús en Córdoba con destino a Madrid. Nada se sabe de este chico que el día antes de perderse planeaba con sus padres la compra de una moto. Isidro Molina y Rosa, los padres, lamentan que a ningún policía se le ocurriera pedir las imágenes de las cámaras de seguridad del trayecto del autobús. «Los primeros momentos son cruciales», afirman. Un mes después, las imágenes suelen ser machacadas por otras tomas.

«La vida se paraliza», cuenta Rosa. La familia también se siente perdida, sobre todo si al cabo de varios días o semanas, después de las batidas, la gente se va a su casa y la policía o la guardia civil deja de interesarse. Como Carmen Gómez, los padres de Paco Molina echan en falta «preparación y formación», pero también un trato más directo y humano con la familia.

En la investigación del paradero de Paco la complicación fue mayor por ser menor de edad. «Las fuerzas de seguridad tienen las manos atadas, necesitan permiso judicial para todo». Isidro y Rosa creen tener suerte ahora, cuando el caso de su hijo ha pasado al cuerpo de policía especializada de Madrid. «Tenemos hasta el móvil del policía que lleva la investigación», dicen esperanzados.

Las familias confían en que el recién creado Centro Nacional de Desaparecidos sirva para coordinar mejor los protocolos de actuación y dé impulso a los casos sin resolver, como dio a entender el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la apertura del foro. Lobatón reclamó que este centro sea operativo en las búsquedas, algo que todavía no es.

Zoido subrayó la estadística de aciertos de policías y guardias civiles en Andalucía, que en 2016 fue de 3.583 casos y en este 2017 ya van por 3.203 los esclarecimientos. «No hace falta esperar las 48 horas para empezar una búsqueda», advirtió el ministro.

Tanto Zoido como la consejera de Justicia e Interior de la Junta, Rosa Aguilar, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Fernando Rodríguez Villalobos, subrayaron la importancia de los ayuntamientos en los primeros momentos. De esto trataba la jornada ayer, de dotar a los ayuntamientos de formación y medios con la constitución de una red de municipios sensibles con el problema porque a cualquiera le puede pasar. «No estaba preparado para afrontar esto», cuenta en el foro Xosé Lois Piñeiro, el alcalde de A Pobra de Caramiñal, donde desapareció Diana Quer.

El suyo ha sido un caso mediático que le llevó a las televisiones en entrevistas absurdas en las que no podía dar pistas de la investigación. O a recibir llamadas de hasta videntes de Venezuela. «Para un pueblo de 2.500 habitantes aquello fue una locura, una situación muy extraña. Su imagen se vio perjudicada».

Un caso, el de Diana Quer, que suscitó recelos en los familiares de otros desaparecidos que piensan que la policía investiga más cuando hay presión mediática. Así piensa Nieves García, hija de Lucía, desaparecida en Turre (Almería) el 22 de octubre de 2016 con 78 años. «Pasados unos días, la Guardia Civil dejó de buscar, se olvidaron, nadie nos dice nada. Una mujer mayor se perdió, y ya está. Pero soy su hija, si está muerta, quiero saberlo», afirma mientras asiente su hermana Lucía.