La falta de Presupuestos del Estado paraliza la transferencia de fondos a la Junta y bloquea obras claves

Según las estimaciones de la Consejería de Hacienda de la Junta, la Administración andaluza debería recibir por este concepto algo menos de 300 millones de euros al mes, recursos que se utilizan para el sostenimiento de los servicios públicos. Al no haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no existe un documento que obligue al Gobierno a la liquidación mensual de estos fondos. En lo que va de año, la Junta ha dejado de recibir 863 millones de euros y no hay nada que indique que al finalizar abril la cuenta pendiente no sume otros 300 millones más. Se trata de fondos de los andaluces que, según la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, el Gobierno tiene «retenidos, secuestrados».

Esta situación está obligando a la Junta de Andalucía a recurrir a otras vías de financiación, una alternativa que su solvencia ante los mercados le permite mantener abierta, aunque otras comunidades empiezan a encontrar problemas de funcionamiento, según advirtió España.

A falta de unos presupuestos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría ordenar las entregas a cuenta a través de un decreto, pero ese paso tampoco se ha dado. En la Junta entienden que se trata de un carta que el Gobierno se reserva para próximas negociaciones políticas mientras las finanzas de las comunidades autónomas se ahogan. De hecho, el Gobierno ya incluyó este apartado en el macrodecreto de las subidas de las pensiones que finalmente no prosperó. Aunque las pensiones sí fueron aprobadas posteriormente de manera singular, las entregas a cuenta a las comunidades siguen esperando.

No es la primera vez que se produce esta situación. En 2019 la transferencia se hizo en noviembre, por lo que el dinero tardó once meses en llegar, y el año pasado, aunque la aprobación fue en julio los fondos no llegaron hasta septiembre

Se trata de una de las consecuencias que para la Junta de Andalucía están teniendo la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, detalladas en un informa que España presentó este martes en el Consejo de Gobierno de la Junta.

En algunos casos, esta repercusión puede calcularse con cierta exactitud, como en las prestaciones por dependencia, ya que los fondos comprometidos en el Pacto de Estado sobre este servicio no están llegando por la ausencia de presupuestos. A razón de 200 millones de euros al año, el agujero acumulado por este asunto en las arcas de la Junta, considerando el actual ejercicio, en el que tampoco hubo presupuestos, y el actual, suma ya los 400 millones.

Asimismo, el informa señala que la no aprobación de los PGE implica que algunas medidas de corte social que necesitan financiación, como la ley de atención para enfermos de ELA, la puesta en marcha de miles de viviendas de alquiler social o la ampliación del permiso de paternidad y maternidad a 20 semanas, se quedan sin desarrollar.

Asimismo, la prórroga de los PGE anula posibilidad de nuevas inversiones por parte de la Administración central del Estado, incluidas las inversiones estatales territorializadas. Sólo se podrán completar las que ya estuvieran iniciadas y aparecieran recogidas en los PGE de 2023.

Entre los proyectos afectados se encuentran las infraestructuras ferroviarias programadas pero cuyas partidas presupuestarias no se han renovado, o la construcción del puente internacional sobre el río Guadiana, que ha dejado de contar con financiación.

Otra de las consecuencias es que no existe normativa básica para los incrementos retributivos de los empleados públicos (incluidos sanitarios y docentes, además de todo el personal de la administración),que deberá actualizarse mediante decretos que aún no se han aprobado. Ello obliga a la Junta a tomar sus propias decisiones sin referencia y a ciegas, según señalan desde el Gobierno andaluz.