Facua pide que el Ayuntamiento de Sevilla pague por el brote de listeriosis

El objetivo de esta medida es que el Consistorio pueda asumir el pago de dichas indemnizaciones que se acordaran por encima del seguro de Magrudis -que sólo cubre 300.000 euros- y de las cantidades que abonasen o fuesen embargadas a las personas físicas y jurídicas que resulten condenadas en este caso al abono de dichas responsabilidades civiles. Facua plantea esta iniciativa ante la posibilidad de que este seguro y las propiedades de los condenados sean insuficientes para sufragar las indemnizaciones por los daños causados a los intoxicados, un total de 217 en toda España.

Por otra parte, la organización de consumidores ha anunciado que ha pedido también en sede judicial la imputación de un responsable municipal, aunque no ha desvelado el nombre ni el cargo, por los fallos en la inspección y en las exigencias a la empresa cárnica sevillana responsable del brote.

La investigación policial ha puesto de manifiesto que se produjeron aún más irregularidades en las responsabilidades inspectoras del Ayuntamiento de Sevilla que las que ya se conocía, según Facua, que sostiene que si el Ayuntamiento hubiera hecho correctamente su trabajo, Magrudis habría sido clausurada a finales de 2016.

Facua ya denunció en agosto pasado cúmulo de dejaciones de responsabilidades por parte del consistorio hispalense dado que no detectó que Magrudis desarrollaba su actividad sin la debida licencia municipal y que llegó a reducir de forma indebida el nivel de riesgo de la empresa en una inspección realizada en julio de 2017, aumentando con ello los plazos de los controles. Además, pese a que la siguiente inspección tuvo que haberse realizado un año y medio después, en enero de 2019, ésta no se produjo hasta agosto, como consecuencia de la alerta por decretada sobre sus productos.

Facua considera extremadamente grave que el Ayuntamiento no clausurara Magrudis en diciembre de 2018, cuando la empresa presentó una declaración responsable -en lugar de la preceptiva solicitud de licencia- llena de irregularidades, las cuales no fueron detectadas porque no se revisó la documentación. Según esta asociación, el último informe elaborado los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil ha revelado más irregularidades.

El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, ha explicado en rueda de prensa que el equipo jurídico de FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la jueza que impute por un posible delito de prevaricación a un responsable municipal, cuyo nombre solo dará si se acepta su imputación.

Además, piden que el Ayuntamiento asuma el pago de las indemnizaciones que se acordaran por encima del seguro de la empresa que provocó el brote, Magrudis, que sólo cubre 300.000 euros, y de las cantidades que abonasen o fuesen embargadas a las personas físicas y jurídicas que resulten condenadas al pago de responsabilidades civiles.

La investigación policial ha puesto de manifiesto que se produjeron aún más irregularidades en las responsabilidades inspectoras del Ayuntamiento de Sevilla que las que ya había dado a conocer la asociación en los últimos meses, según Facua.

Si el Ayuntamiento hubiera hecho correctamente su trabajo, Magrudis habría sido clausurada a finales de 2016, señala la asociación.

FACUA ya denunció a finales de agosto un cúmulo de dejaciones de responsabilidades por parte del consistorio hispalense dado que no detectó que Magrudis desarrollaba su actividad sin la debida licencia municipal y que llegó a reducir de forma indebida el nivel de riesgo de la empresa en una inspección realizada en julio de 2017.

De esta forma, se aumentaban los plazos de los controles, según señala la asociación antes de indicar que la siguiente inspección tuvo que haberse realizado un año y medio después, en enero de 2019, pero no se produjo hasta agosto y como consecuencia de la alerta por listeria en sus productos.

En septiembre, FACUA calificó de «extremadamente grave» que el Ayuntamiento no clausurara Magrudis en diciembre de 2018, cuando la empresa presentó una declaración responsable -en lugar de la preceptiva solicitud de licencia- y que estaba llena de irregularidades, aunque no fueron detectadas porque no se revisó la documentación.

Ahora, el último informe elaborado los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil ha revelado más irregularidades, concluye la asociación.