Los exsecretarios de Empleo dicen que su papel era tramitar y no controlar

Las defensas de los ex secretarios generales técnicos de Empleo Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina coincidieron ayer en basar sus informes en que su papel era tramitar las propuestas presupuestarias de la Dirección General de Trabajo sobre las ayudas de los ERE pero no controlar esos fondos. Especialmente gráfico fue el letrado Manuel Salinero, que representa a Medina, al comparar el cargo que ostentó su defendida a partir de 2008 con el papel del letrado de la Administración de Justicia en un juzgado, para señalar que imputar a su cliente por la gestión de las ayudas que hacía el director de Trabajo sería como «responsabilizar al secretario judicial de las decisiones del juez». Tanto Sánchez como Medina se enfrentaban inicialmente a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación, si bien en su informe final la Fiscalía -no así la acusación del PP- rebajó la pena de prisión solicitada para Medina a seis años, al excluir del objeto del proceso lo relativo a las ayudas de los ERE otorgadas y pagadas en 2010.

Precisamente su letrado hizo hincapié en el marco temporal en el que Medina accedió a la Consejería de Empleo, a final de 2008 cuando ya se había elaborado el Presupuesto de 2009 con las transferencias de financiación a la agencia pública IDEA para pagar las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que daba la Dirección General de Trabajo. El abogado negó cualquier capacidad decisoria o de veto de su defendida sobre las propuestas que hacía esta Dirección de Trabajo relativa a sus partidas presupuestarias, y negó que dictara ninguna resolución administrativa decisoria con la que se adquirieran compromisos económicos frente a terceros.

No obstante, defendió que «los procesos presupuestarios en la Junta de Andalucía son transparentes» y «un trabajo técnico y grupal donde intervienen entre 20 y 50 funcionarios».

Tanto este abogado como su colega Juan Antonio Bellón, que defiende a Juan Francisco Sánchez, subrayaron que lo informes de la Intervención alertando de irregularidades en las ayudas de los ERE no iban dirigidos a los secretarios generales de Empleo y que «nunca» recibieron ninguna alerta de posible menoscabo de fondos públicos.

Sánchez fue secretario de Empleo de 2000 a 2004 y posteriormente ocupó el mismo cargo en la Consejería de Innovación de 2004 a 2008, cuando se creo ésta y asumió gran parte de las competencias de la de Empleo, entre ellas la adscripción de la agencia pública IDEA que siguió pagando las ayudas de los ERE.

Por sus competencias de tramitación y no de control y su desconocimiento de los informes de la Intervención, las defensas de ambos incidieron en que no cometieron prevaricación ni por acción ni por omisión, y tampoco malversación.

El abogado de Sánchez criticó que el juicio de los ERE se desarrolla en un tribunal penal y no contencioso ni de Cuentas, pese a lo cual durante casi un año se ha hablado mucho de cuestiones administrativas y contables y muy poco de delitos penales, por lo que «se ha desvirtuado el objeto del proceso». Por su parte, la defensa de Medina -que continuará aún el lunes exponiendo su informe- criticó el papel del PP-A al alegar la «improcedencia de la institución de la acusación particular de partidos políticos».