El último presidente de Isofotón, Angel Luis Serrano, ha asegurado este viernes ante la jueza que instruye la causa sobre las ayudas públicas recibidas por esa empresa que las aportaciones de capital comprometidas cuando adquirió la sociedad se realizaron. En total, afirmó, fueron 20 millones de euros que se convirtieron en pérdidas. Serrano, que prestó testimonio en calidad de investigado, negó que hubiese un compromiso previo de la Junta de Andalucía de aportar 35 millones de euros cuando él se hizo con la propiedad de la empresa y que no conocía a nadie del Gobierno andaluz antes de hacerse cargo de Isofotón.
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El empresario afirmó que el interés del Gobierno andaluz en aquel momento radicaba en el carácter estratégico de la compañía, pero que en ningún momento existió un compromiso de aportación de dinero público si no se cumplían los requisitos administrativos para ello.
Serrano relató ante la jueza que al hacerse con la propiedad de la empresa anunció una ampliación de capital de 20 millones de euros y que ese compromiso, al contrario de lo que asegura el fiscal en su informe, fue cumplido.
Parte de esta aportación, ocho millones de euros, fue no dineraria y se concretó a través de dos plantas que al venderse en la liquidación de Isofotón supusieron un ingreso similar a la valoración hecha en el momento de la aportación, según declaró Serrano ante la jueza.
Posteriormente hubo una segunda aportación de capital, explicó el empresario, de cinco millones de euros, de los que un 25 por ciento fue en dinero y el resto, no dineraria, según explicó Soriano. Todo este dinero aportado, aseguró, se convirtió en pérdida, con lo que negó que hiciera negocio con las ayudas de la Junta.
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En ese sentido, el empresario rechazó que su entrada en Isofotón fuese una maniobra para captar fondos públicos y aseguró que ese dinero se destinó a mantener el funcionamiento de la compañía y a un pago realizado a la multinacional coreana Samsung.
Según el entonces presidente de la Isofotón, los avales recibidos de la Junta se utilizaron para pedir préstamos a los bancos con los que se adquiría la materia prima para sostener la actividad industrial. En aquel momento, explicó, el volumen de negocio de Isofotón era de unos 125 millones de euros y el pago de la nómina suponían unos 30 millones, con lo que los avales de la Junta sólo cubrían una parte.
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Serrano defendió que Affirma, la sociedad con la que desembarcó en Isofotón, acumulaba 15 años de experiencia en el sector de la energía solar y que ni tenía relación con nadie de la Junta de Andalucía antes de hacerse cargo de Isofotón, ni mantuvo contacto posterior con los entonces dirigentes del Gobierno andaluz que ahora se encuentran investigados en la causa, entre ellos los exconsejeros Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Martín Soler.
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