El exconsejero Recio explica que no se destruyeron documentos en el caso de los ERE

Manuel Recio, quien fuera consejero de Empleo de la Junta entre marzo de 2010 y mayo de 2012, aseguró ayer durante su declaración como testigo en el juicio por la pieza política de los ERE irregulares que no se destruyeron documentos comprometidos para el Gobierno andaluz durante la revisión de los convenios de concesión de ayudas que llevó a cabo su departamento a finales de 2010.

El exconsejero, quien fue excluido de este procedimiento por el juez instructor y, después, por la Audiencia Provincial de Sevilla, hizo esta aseveración a preguntas del abogado de la acusación del PP-A, Luis García y después de que este fin de semana Efe publicara una entrevista al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero en la que volvió a recordar lo que declaró ante la Guardia Civil en enero de 2012, de que tenía conocimiento de que se destruyeron documentos a raíz de que saltara el escándalo en 2011.

Guerrero dijo que hasta abril de 2008, cuando dejó su cargo, los expedientes «iban completos». No obstante, «tras su salida han pasado» dos nuevos directores generales –Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera– y «tiene conocimiento por funcionarios que no quiere identificar que se han destruido documentos a partir de que surge el escándalo de los ERE fraudulentos en Mercasevilla», tras lo que añadió que el responsable de «velar» por que los expedientes estuvieran completos era él.

La exasesora de la Consejería de Empleo María José Rofa, que también declaró ayer, dijo encontrarse cuando llegó a esta consejería después de Guerrero un auténtico caos administrativo en la concesión de las ayudas. «No teníamos ningún expediente». «Aquí –en la Dirección General de Trabajo– nadie sabía nada, no había nadie encargado de las ayudas, como Guerrero lo llevaba...». Rofa, que colaboró con la Guardia Civil en la investigación aportando documentación, dijo que algunas ayudas (como las de Navantia, Delphi o Santana) se entregaban no por decisión del director general, sino de otros mandos de la Junta.

Respecto a Manuel Recio, este defendió a la funcionaria Lourdes Medina, una de las encausadas, de la que indicó que siempre actuó de manera «delicada» para tratar este caso que se está juzgando. «Me pidió irse y le pedí que se quedara. Afortunadamente, dado su comportamiento moral y ético, no se fue», ha añadido. El exconsejero explicó que toma conocimiento de las ayudas cuestionadas en noviembre de 2010 cuando salen en prensa las posibles irregularidades en el ERE de Mercasevilla. Entonces, según ha recordado, ordena al viceconsejero y al director general de Trabajo que miren si son ciertas las noticias.

A continuación se pone en marcha un mecanismo de revisión, dándose traslado al Juzgado de Instrucción número 6 de lo encontrado. Además, se conforma un equipo técnico de funcionarios para revisar todos los expedientes de ayudas, localizando en ellos 'intrusos'. Igualmente, se amplía la elaboración de información reservada y el análisis de más convenios, no sólo los que afectan a ERE «vivos», que aún se estaban pagando, sino también a los ya pagados y las ayudas a empresas.

Recordó que inicialmente se detectaron «entre 70 y 80 intrusos», personas de las que no constaba relación laboral con las empresas a la que se había otorgado el ERE. Igualmente, se iniciaron procesos de revisión de oficio, detectándose incluso «irregularidades en el proceso de tramitación» de las ayudas.

Recio manifestó que en este procedimiento de revisión contaban con «libertad y plena confianza» para actuar por parte del presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

El «objetivo» de Recio, según ha precisado, era «delimitar la veracidad de las informaciones publicadas, saber si había irregularidades y la revisión de los funcionarios para ver qué procedimiento aplicar en adelante».