La exclusión de Podemos de la coalición de izquierdas afectará a la financiación del partido

Los representantes legales de Podemos no llegaron a tiempo en la medianoche del pasado viernes para registrar a esa formación como parte de la coalición que agrupará en una sola candidatura a todas las fuerzas a la izquierda del PSOE con la excepción de Adelante Andalucía. La dirección estatal de la formación morada, que llevó adelante las negociaciones para la coalición andaluza, apuró hasta última hora antes de aceptar la candidatura a presidenta de la parlamentaria de Izquierda Unida Inmaculada Nieto, que ya había sido consensuada por el resto de las fuerzas. Cuando lo hizo, el plazo para la presentación de las coaliciones para acudir a las próximas elecciones andaluzas ya había vencido, por lo que Por Andalucía quedó registrada por cuatro formaciones: Izquierda Unida, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Podemos presentó un recurso ante la Junta Electoral de Andalucía, que fue rechazado, y ha desistido de acudir a la Junta Electoral Central. La formación morada estaba pendiente de que prosperara un escrito de subsanación de errores interpuesto este domingo a las diez y media de la noche en el que se argumentaba que la constitución de la coalición registrada en la medianoche del viernes no se corresponde con el pacto político suscrito para la misma, ya que excluye tanto a Podemos como a otra formación, denominada Alianza Verde, que tampoco presentó su documentación. La Junta Electoral de Andalucía ha rechazado también ese escrito, lo que excluye a Podemos de la coalición. Los afectados tienen hasta las 23:59 de este martes para recurrir ante la Junta Electoral Central.

La exclusión de la formación morada, además de dar a Izquierda Unida el control absoluto sobre la coalición, tendrá también consecuencias económicas sobre la financiación del partido.

Desde el punto de vista de imagen, al no formar parte legalmente de Por Andalucía, el anagrama de la formación morada no podrá figurar en la papeleta, aunque ello no supone un gran problema ya que la coalición tiene su propio logo. Asimismo, los candidatos de Podemos podrán formar parte de la candidatura a título de independientes, aunque esa condición no tiene por qué figurar en la papeleta.

Tampoco debería haber problemas con los gastos electorales, que cuando un partido obtiene representación le son restituidos a los partidos contra la presentación de facturas. Estos documentos en ningún caso podrán estar a nombre de Podemos, pero sí del resto de formaciones integradas e incluso de la propia coalición.

Los problemas podrán surgir a posteriori con la financiación que se obtenga del Parlamento y que constituye el núcleo de la financiación de todos los partidos. De acuerdo a la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, los grupos parlamentarios reciben para su funcionamiento unos recursos que permiten, además de solventar los gastos propios, la contratación de asesores y el mantenimiento de sedes en las diferentes provincias. Se trata de gastos que son estrictamente controlados por el Tribunal de Cuentas, que impide un uso discrecional de esos recursos.

Podemos no tendrá problema en colocar a sus asesores en el grupo parlamentario, que serían contratados por la coalición, pero no podría utilizar dinero de esa procedencia para el alquiler o el mantenimiento de sedes partidarias, como sí pueden hacerlo –y de hecho lo hacen- los partidos que concurren a las elecciones, ya que en ese caso estaría incurriendo en financiación ilegal del partido.

El acuerdo alcanzado para a coalición electoral, además del aspecto político, prevé un reparto de los recursos extraparlamentarios de los que a Podemos le correspondería un 60 por ciento y a Izquierda Unida, el 40 por ciento restante. Esa misma proporción se mantiene en las contrataciones del equipo técnico del grupo parlamentario (tanto en recursos como en selección de perfiles) y en los recursos económicos, un aspecto que no se podrá cumplir.

Tampoco se podrá materializar el pacto referente a los gastos de campaña, que establece un 50 por ciento para cada formación.

El acuerdo establece también que los recursos económicos que se generen en el desarrollo de la actividad política y electoral de la legislatura tienen que estar directamente relacionados con la cuantía que cada formación política destine a la campaña electoral partiendo de la base de que no habrá financiación bancaria. Este punto será de difícil cumplimiento dada la imposibilidad para Podemos de percibir subvenciones posteriores al tratarse de una formación que legalmente no acudirá a las elecciones ni presentará candidatos.