La exalcaldesa de Rota ingresa en prisión por pagar irregularmente a un funcionario por confeccionar adornos

La exalcaldesa popular de Rota Eva Corrales ha ingresado hoy en la prisión de Alcalá de Guadaira (Sevilla) para cumplir la condena de 4 años y medio de cárcel por el denominado «caso horas extras», por pagar irregularmente a un funcionario por confeccionar adornos municipales.

Eva Corrales ha ingresado en prisión después de que el pasado 12 de marzo el Gobierno le comunicara que rechazaba su petición de indulto y le fuera concedido un plazo de diez días para ir a un centro penitenciario.

En mayo del 2016 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que la condenaba por participar en las gestiones que permitieron que entre el 2004 y el 2010 un funcionario del Ayuntamiento cobrara irregularmente por bordar adornos para engalanar edificios municipales en las fiestas y para las ninfas.

Fue condenada junto a seis funcionarios municipales que, según el tribunal, participaron en las sucesivas gestiones para adjudicar irregularmente este trabajo al funcionario, que primero los cobró con facturas a nombre de su mujer y después, entre el 2007 y el 2010, como 4.398 horas extraordinarias.

El Gobierno concedió el indulto parcial para estos funcionarios, que vieron reducida su condena a dos años de prisión, con lo que evitaron ingresar en prisión.

La exalcaldesa de Rota solicitó también el indulto, pero más tarde y de forma individual para no perjudicar a los trabajadores municipales.

La solicitud de indulto de Eva Corrales, que alegó motivos de salud para no ingresar en prisión, contaba, según explicaba su abogado, Manuel Hortas, con el visto bueno del tribunal que la condenó, que argumentó que la gravedad de la condena era excesiva para un delito de falsedad documental que «no causó ningún perjuicio económico al Ayuntamiento». Pero fue rechazada.

La exalcaldesa Eva Corrales, que dejó la política tras esta condena, siempre ha defendido que los distintos responsables del Ayuntamiento había encargado estos trabajos al funcionario porque «lo hacía bien y era más barato que encargarlo fuera».

Corrales fue condenada también a siete años de inhabilitación para cargo público por el «caso uniformes», que ocurrió cuando siendo concejala, participó en las gestiones para que entre el 2003 y el 2010 el Ayuntamiento pagara a una empresa vinculada con el entonces alcalde 780.000 euros por la compra de vestimentas para los empleados municipales.

Eva Corrales tiene otro proceso judicial pendiente en el que se le acusa de adjudicación arbitraria en diversas obras públicas a un empresario.