La eterna asignatura pendiente

La paz social de la que ha disfrutado el consejero Imbroda durante este primer año de gobierno se ha acabado de manera brusca con la aprobación del decreto de escolarización, que introduce de lleno las políticas liberales en materia educativa. La posibilidad de que las familias puedan elegir entre un colegio público y concertado, con la máxima puntuación por domicilio, ha sido entendido como un ataque frontal a la enseñanza pública. También se entiende como un apoyo claro a la privada la adscripción a un centro público de los concertados que no cuentan con Bachillerato, de manera que sus alumnos pueden terminar toda la Secundaria. Hasta ahora, muchas familias optaban por buscar para su hijo el instituto público antes de terminar la Secundaria, para asegurarse plaza en el instituto. Ahora podrán acceder de manera directa, sin someterse a los criterios de admisión.

Imbroda afronta este próximo miércoles día 4 la primera huelga general en educación. La última que unió a sindicatos y estudiantes fue la de marzo de 2017, en aquella ocasión contra la LOMCE, la ley educativa que impulsó el ministro Wert. Precisamente esta ley está a punto de ser derogada por el nuevo Gobierno.

En este curso escolar, Andalucía cuenta con 1,8 millones de estudiantes y 127.422 docentes repartidos en un total de 7.144 centros, tanto públicos como concertados y privados. Es pues el sistema educativo más importante de todo el país. No obstante, el descenso de la natalidad de los últimos años se está dejando notar en el sistema educativo, con unos 10.000 estudiantes menos en Primaria y casi dos mil en Infantil. Secundaria, en cambio, ha ganado estudiantes, unos 5.700. El descenso en número de estudiantes se ha aprovechado para bajar las ratio de alumnos por aula, a 20,7 en Infantil y 21,3 en Primaria.

Con el objetivo de abordar el abandono escolar, la Consejería de Educación y Deporte ha impulsado distintos proyectos, con un resultado muy desigual. Para el verano aprobó un plan de refuerzo estival, con muy pobres resultados. Y ahora se ha puesto en marcha el plan Impulsa, que en la provincia supondrá que colegios e institutos de zonas desfavorecidas de la capital, Torremolinos, Vélez, Álora, Marbella y Ronda puedan solicitar financiación para proyectos educativos. Como ha sucedido con el decreto de escolarización, los sindicatos lamentan que el consejero haya tomado decisiones sin el necesario consenso con la comunidad educativa y que, como pasó con el refuerzo estival, quedaron abocadas al fracaso.

La Consejería de Educación también ha impulsado la ley de autoridad del docente, muy bien recibida entre los profesores. Lamentablemente, los problemas de comportamiento, falta de respeto, acoso y agresiones a los profesores ya no son exclusivos de los estudiantes de Secundaria o Bachillerato, los que por edad se supone más proclives a estos comportamientos. También a los estudiantes de Primaria ha llegado esta falta de respeto hacia sus maestros. Pero no son solo los alumnos los que acosan a los profesores: también los padres protagonizan amenazas y coacciones.

El consejero se ha puesto del lado de sindicatos y asociaciones de padres a la hora de descartar la implantación del denominado 'pin' o control parental, una exigencia de Vox a la que Javier Imbroda no se ha doblegado, recibiendo el apoyo de los partidos de la oposición en el Parlamento andaluz. Considera que no solo atenta a la libertad educativa, sino que también supondría poner en cuestión la profesionalidad de los docentes andaluces.

En cambio, los sindicatos demandan a la Junta que incremente las inversiones en educación, hasta llegar al 7% del PIB, en sintonía con el resto de países europeos. Otra de sus reivindicaciones se refieren el aumento de las plantillas de personal de administración en los centros educativos; la eliminación de la burocracia a la que tienen que hacer frente los docentes; la equiparación salarial del profesorado andaluz con el resto de comunidades autónomas; la bajada de las ratios o el establecimiento de un plan de choque que ponga fin a la reducción de unidades en la escuela pública, entre otras reivindicaciones.