Espadas, entre dos fuegos

El miércoles pasado, el Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía sorprendió al abstenerse en la toma en consideración del proyecto de ley de regadíos en el condado de Huelva presentado por el PP, Ciudadanos y Vox. Desde su presentación, la propuesta había sido objeto de duras críticas por parte de los grupos políticos situados a la izquierda del PSOE, de los colectivos ecologistas y conservacionistas y del propio Gobierno. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, le había advertido por carta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de la necesidad de desistir de la proposición de ley y hasta la Comisión Europea, a través de otra carta -esta vez dirigida por la directora general de Medio Ambiente, Florika Fik, al embajador permanente de España ante la UE, Marcos Alonso-, había mostrado su preocupación por la iniciativa que se disponía a debatir el Parlamento de Andalucía. Es la primera vez que, bajo el liderazgo de Juan Espadas, el PSOE de Andalucía se desmarca de las posiciones del Gobierno y de la dirección federal socialista.

La iniciativa de los dos partidos que sustentan al Gobierno de la Junta y de su habitual socio parlamentario propone regularizar la situación de zonas de cultivo no incluidas en el Plan de Regadíos aprobado en 2014 y que por lo tanto no tienen derecho a la utilización de agua, lo que las coloca en una situación de ilegalidad. La primer discrepancia surge al calcular cuánto terreno es el afectado por esta situación y que sería regularizado por la ley. Los promotores de la norma hablan de 1.400 hectáreas; los ecologistas , de 1.900; los agricultores, de 800; en el PSOE aseguran que con el texto propuesto serían menos de 100.

Pero la controversia fundamental no va sobre número de hectáreas, sino sobre los recursos hídricos disponibles en la zona. El Parque Nacional de Doñana se abastece del llamado 'acuífero 27', gravemente afectado por la sequía y por la sobreexplotación. Los ecologistas vienen denunciado desde hace años que muchas de las explotaciones al margen de la regulación surgidas al calor del auge del sector de los frutos rojos recurren a pozos ilegales que se abastecen de ese acuífero. Legalizarlas, señalan, condena la viabilidad del Parque Nacional.

El conflicto, con la defensa del medio ambiente y de la mayor joya natural de Andalucía de un lado y la actividad económica más pujante de la provincia de Huelva del otro, situó al PSOE en medio de dos fuegos. Durante las últimas semanas, los partidos proponentes de la ley la defendieron asegurando que el texto habla de ordenar suelo y no de la utilización de agua y la izquierda, los grupos ecologistas, el Gobierno y Europa levantaron la voz en contra. Mientras tanto, socialistas andaluces callaban o aludían a la complejidad del problema.

El voto rural, un tercio del padrón andaluz, se ha revelado como uno de los grandes objetivos de los partidos de cara a unas elecciones que prácticamente nadie imagina más allá del verano. El PP está decidido a ir por un granero de votos que históricamente se le ha resistido, el PSOE no quiere dejarse comer un terreno que tradicionalmente le ha sido propio y Vox, como revelan los recientes sucesos en Lorca, está dispuesto a pescar en aguas revueltas.

En esta pugna política se explica en gran medida la iniciativa de los partidos del bloque de derechas, que cogió al PSOE primero por sorpresa y después lo colocó entre dos fuegos. Por un lado, los ayuntamientos de la zona (de los cinco municipios afectados, cuatro tienen alcaldes socialistas), que reclaman soluciones para sus agricultores; del otro, la mayoría del partido, que considera la defensa de Doñana una bandera que el PSOE de Andalucía no debe dejarse arrebatar, y, sobre todo, el Gobierno, que no admite que la posición de España en Europa salga debilitada por este asunto y que también se niega a que se ponga en duda su defensa sin paliativos del medio ambiente.

En las últimas semanas, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, se dedicó en cuerpo y alma a intentar encontrar una síntesis imposible entre ambas posturas. Puso sobre la mesa su conocimiento de la materia y del terreno. Sus gestiones incluyeron reuniones con los alcaldes, que según algunas fuentes socialistas llegaron a amenazar con dimitir si el PSOE votaba en contra, y repetidas conversaciones con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que le transmitió una y otra vez la radical oposición del Gobierno al proyecto de ley, que en coherencia debía traducirse en un no socialista en la votación.

Durante los días previos, los portavoces parlamentarios del PSOE no dieron pistas sobre el sentido del voto y tampoco lo hicieron en la reunión que el mismo miércoles por la mañana mantuvieron los miembros del grupo, en la que todos quienes hablaron se pronunciaron por votar en contra.

La incógnita ni siquiera se despejó con la intervención del parlamentario Mario Jiménez, que ejerció la portavocía en el debate, y que pese a reconocer la existencia de un problema lanzó duras críticas contra la propuesta de ley, a la que calificó de mero artilugio electoral, engaño a los agricultores, carente de todo fundamento técnico y jurídico e irresponsable ejercicio de frivolidad.

En el momento de la votación, la dirección del grupo dio instrucciones para que se presionara el botón de la abstención. Los 33 parlamentarios respetaron la disciplina de voto.

En el PSOE-A reconocen que en el Gobierno y en la dirección federal socialista hubiesen preferido el voto negativo, y hay quien se pregunta si Bruselas entenderá la abstención como una muestra de ambigüedad en el partido gobernante que puede poner bajo sospecha a España en un tema tan sensible.

Juan Espadas explicó, un día después, que con la abstención el PSOE-A mostró su rechazo a la proposición de ley y al mismo tiempo dejó abierta la puerta al diálogo para buscar una solución, que pasa necesariamente por preservar el acuífero que nutre a Doñana y, al mismo tiempo, la ejecución de las obras hídricas que permitan a los agricultores abastecerse con agua de superficie. Unas obras que él deberá reclamar al ahora disgustado Gobierno central.

Seguramente, en los partidos que sustentan al Gobierno celebran haber puesto a Espadas frente a sus contradicciones, pero en la dirección socialista no creen haber salido del todo mal. El voto en contra que querían Ferraz y Moncloa hubiese convertido a Huelva en un territorio hostil para el candidato socialista. Consideran además que han conseguido desmontar uno de los principales argumentos con los que el PP y Ciudadanos atacan Espadas: el de caracterizarlo como el delegado de Pedro Sánchez en Andalucía. Su secretario general, aseguran, ha demostrado que actúa con autonomía, aunque su postura haya requerido de una explicación tardía que ha dejado a muchos sin convencer.