Rocío Blanco: «Alguien que demanda ayuda lo que no quiere es que lo entierren en papeles»

-Esta semana se ha anunciado un paquete de ayudas por parte de la Junta y es posible que los ciudadanos no entiendan a dónde tiene que acudir

-Es una situación que intentamos paliar, porque de lo que se trata es que estas ayudas sirvan y que lleguen a sus destinatarios, que es a quienes nos dirigimos y a quienes servimos. Tenemos la suerte de que este plan está consensuado con los agentes económicos y sociales, con CCOO, con UGT y con la CEA. Ellos van a ser de altavoz para que las ayudas lleguen a sus respectivos colectivos.

-La más importante de las anunciadas hasta ahora es la de mantenimiento del empleo.

-Es una medida que hemos pensado nosotros pero que está en coalición con el tejido empresarial y los sindicatos. Es una medida que era muy esperada por el tejido empresarial. Tenemos también a los autónomos, a quienes nos dirigimos y además con quienes consensuamos las medidas. También los complementos de ertes, muy pedidas por las organizaciones sindicales.

-¿No han tardado mucho en salir? Llevamos un año en esta situación.

-La medida de mantenimiento de empleo la teníamos preparada desde el año pasado, para cuando se terminaran los ertes. Pero los ertes se han ido prorrogando. Se trataba de que cuando se terminaran los ertes, los trabajadores no fueran a un ERE y para ello que la Administración acompañara a las empresas en ese coste social. Al irse prorrogando los ertes, pensamos que teníamos que cambiar la filosofía de la ayuda. Por eso, la medida se ha ido demorando, aunque estaba diseñada desde el año pasado. Está automatizada, robotizada para que las empresas no tengan que presentar un solo papel, sólo la solicitud para hacerles más fácil relacionarse con la Administración. La aportación va a permitir que el trabajador deje de cobrar el 70 por ciento de su base de cotización, porque si está incorporado va a cobrar el 100 por cien.

-¿Qué eficacia va a tener esta ayuda? ¿Qué efecto disuasorio puede tener para evitar despidos?

-Se ha consensuado con la CEA el porcentaje de mantenimiento que se iba a exigir. Se ha establecido el Factor de Actividad, que es una fórmula un tanto compleja de explicar, por la que se calcula el mantenimiento de empleo efectivo teniendo en cuenta los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial. Se va a exigir el mantenimiento del 100 por cien del empleo bonificado los cuatro meses en los que se van a recibir las ayudas.

-¿Qué va a pasar si en cuatro meses la vacunación sigue ralentizada y aún no hay condiciones para la reactivación económica?

-Nos tendríamos que plantear la posibilidad de prorrogar estos planes, pero no estamos ahora en esa hipótesis. De todas formas, lo más difícil ha sido el diseño de la medida, ha sido muy complejo. Lo más fácil será replicarla si las circunstancias así lo determinan.

-¿Cómo será la tramitación de esta línea de ayudas?

-La empresa tiene que presentar su solicitud en la ventanilla electrónica del SAE con una declaración responsable y aportar su cuenta corriente, que tiene que estar de alta en el sistema giro de Hacienda para que le hagamos el ingreso. Todo el proceso está automatizado. El ingreso se hará de una sola vez. A los cuatro meses vamos a comprobar que ese mantenimiento del empleo que le hemos subvencionado sigue en vigor y así no se producirá ningún reintegro.

-¿Cuántos solicitantes se esperan?

-Nuestra previsión es de 45.000 empresas y unos 145.000 trabajadores.

-¿Tiene capacidad la Administración para gestionar ese volumen de expedientes?

-Sí, por eso hemos automatizado el proceso. Comenzamos con la resolución de ertes el año pasado. La ayuda a autónomos también está automatizada, hemos contratado 64 robots que están trabajando 24 horas al día 7 días a la semana haciendo esas comprobaciones. Eso supone un ahorro de 1.300.000 euros, 100.000 horas de trabajo y 238 funcionarios, que por otra parte no los tenemos. En el último mes y medio del año pasado resolvimos 95.000 solicitudes de autónomos. El administrado lo que pide es simplificación, que lo que necesita se le dé cuanto antes. Si te estoy demandando una ayuda lo que quiero no es que me entierres en papeles. Nos hemos puesto en su piel.

-¿Estas ayudas ya se pueden pedir?

-Se publica en el BOJA de este lunes y a partir de ese momento las empresas tienen 15 días hábiles para pedir la ayuda. El tiempo de resolución va a ser máximo de tres meses.

-¿Puede asegurar que no va a haber colapso del sistema?

-No va a haber colapso. Ya tenemos la experiencia con las otras ayudas, hemos hecho pruebas piloto y no ha habido problemas.

-Estas ayudas son para empresas de hasta 20 trabajadores. ¿Qué pasa con las más grandes?

-Nuestro tejido productivo en Andalucía desgraciadamente está conformado en un 99 por ciento por pymes y micropymes. Nos teníamos que dirigir prioritariamente a ellas. Las empresas grandes tienen otras posibilidades y nosotros no somos el Estado, no tenemos una capacidad presupuestaria infinita. Con los recursos que tenemos debemos afinar el tiro y acertar.

-¿La ayuda de complemento de ingresos a los afectados por ertes tienen los mismos plazos?

-Estamos esperando que el SEPE nos dé un listado de los beneficiarios de los ertes en marzo y abril de 2020 y cuando la tengamos vamos a darle la vuelta a la tabla para empezar por las bases de cotización más bajas. El trabajador no va a tener que presentar solicitud, se le hará el ingreso de 210 euros directamente.

-¿Qué otras ayudas hay previstas?

-Estamos negociando con las asociaciones de autónomos para ver qué encaje se le daría.

-En todas las crisis el temor de quien pierde el empleo es no recuperarlo cuando la situación vuelve a la normalidad. Con esta puede suceder lo mismo.

-Por eso hemos reactivado la formación profesional para el empleo, que llevaba en Andalucía sin convocarse desde 2011. Vamos a hacerlo ahora, que es cuando más se necesita. Es la política activa más importante que hay, porque es la que permite readaptarte a la demanda del mercado laboral. Ya hemos sacado 41 millones de euros para este ejercicio en diferentes aplicaciones que son las que nos ha dicho el tejido productivo que se necesitaba. Hacemos formación en hostelería y turismo, en construcción, en digitalización, en el sector aeronáutico para los trabajadores que están en erte y puedan reincoporarse, en nuevas tecnologías, en economía verde, en 5 G... Trabajamos prácticamente a demanda de lo que nos dice el sector productivo. Tenemos también formación con compromiso de contratación. También trabajamos en la teleformación. Estamos poniendo todos los recursos de la Comunidad Autónoma para darle la mano a los trabajadores que se han quedado fuera e intentar que se reincorporen al mercado de trabajo.

-Los programas de formación han traído dolores de cabeza

-Por eso hemos cambiado el sistema. Cuando llegamos nos encontramos con casi dos mil expedientes de formación pendientes de justificar y un importe de 380 millones de euros que no se estaban gestionando. Pensamos que el sistema de subvenciones que se había utilizado hasta entonces era obsoleto e ineficaz y por eso ahora lo hacemos a través de la ley de contratos del Estado, que es mucho más limpio y da seguridad jurídica. Es una licitación pública en la que se sacan los lotes y las empresas de formación se presentan. Además, los lotes están provincializados, con la especificidad de los tejidos productivos de cada territorio. Hemos tenido que constituir la Oficina del Dato. Aunque parezca mentira, aquí no había información sobre el tejido productivo andaluz. La información es lo que nos permite evaluar lo que sirve y lo que no y gastar el dinero público con sentido.

-¿Qué consecuencias ha tenido la parálisis de la formación durante tantos años?

-Una de ellas es la falta de formadores. No hay profesores. Por eso, uno de los primeros cursos que sacamos es para formar formadores.

-Uno de los problemas era la falta de control sobre los cursos de formación, no se sabía si el curso se había impartido. ¿Cómo puede controlarse eso ahora?

-Hemos testeado el mercado y creo que nos vamos a decantar por una firma de control biométrico, para que se pueda determinar desde de una aplicación que la formación se está realizando y que han firmado cada uno de los alumnos. Es una garantía de que se va a evitar el fraude y que la formación llega a los alumnos. Pero es que además, a diferencia de las subvenciones, con los contratos públicos la administración no paga si no comprueba que el servicio se ha hecho. Además, va a haber evaluaciones. Eso también es una diferencia. Aquí no se evaluaba nada. Se gastaba dinero público sin saber qué retorno tenía. Ha habido cursos de formación de ocho a diez meses de duración y después lo alumnos eran contratados por periodos inferiores a treinta días ¿Qué retorno es ese? Hay que utilizar políticas eficaces.