Los grupos deberán debatir en menos de tres semanas más de 1.300 enmiendas a los Presupuestos

Este viernes ha vencido el plazo para la presentación de enmiendas parciales y hasta el día del pleno se abre un periodo en el que los grupos parlamentarios podrán negociar para intentar llegar a acuerdos para su aprobación. Todos los grupos, incluido el del Partido Popular, han presentado enmiendas parciales, la mayor parte dirigidas a incrementar el gasto social y las partidas para los servicios públicos fundamentales. El que más ha registrado es Vox, con más de 500, aunque este grupo no ha informado de la cuantía en la que están valoradas las mismas. El grupo parlamentario de Por Andalucía, por su parte, ha propuesto 418 cambios parciales que supondrían la movilización de 6.248 millones de euros. Los socialistas presentaron 210 enmiendas parciales, valoradas en unos 3.000 millones de euros y Adelante Andalucía, 127 que supondrían un incremento de 460 millones de euros. Por su parte, el Grupo Popular ha presentado 88 cuyo objetivo es aportar transparencia y especificidad al proyecto propuesto por el Gobierno.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha adelantado cuáles serán las líneas rojas en esa negociación que se han marcado el Gobierno y el Grupo Popular, que cuenta con mayoría absoluta: no subir impuestos y no reducir gasto social. «Insisto en algo que he dicho anteriormente, que nuestra mano está tendida, nosotros queremos aceptar enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios porque creemos que entre todos lo podemos mejorar -dijo la consejera-, son unos magníficos presupuestos, pero siempre son mejorables».

Los 3.000 millones en los que se cuantifican las enmiendas presentadas por el PSOE-A saldrían, según proponen los socialistas, de la recuperación de impuestos, la reducción de lo que consideran gasto superfluo o la reprogramación de fondos europeos. El destino sería la sanidad, la educación, la puesta en marcha de un plan de choque contra la lista de espera en dependencia y las ayudas a las familias para hacer frente a la crisis. Los principales cambios propuestos por el PSOE son 600 millones para la contratación de profesionales sanitarios, 250 millones para la mejora de centros sanitarios, 290 millones para educación además de otros 241 millones para la red de centros educativos y cinco millones para la educación infantil de cero a tres años.

Para ayudar a las familias frente a la crisis, el Grupo Socialista propone que se consignen 300 millones para ayudas a las hipotecas, 200 millones para las familias vulnerables y 300 millones dirigidos a los autónomos

Por su parte, Vox, que el pasado 23 de noviembre votó en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por el resto de los grupos de la oposición, registró unas 500 enmienda parciales, que no cuantificó y cuyo objetivo es poner en marcha medidas de ayudas a las familias ante la crisis.

Esta formación defiende una bajada general de impuestos que incluye la reducción del 0,5% de la tarifa autonómica del IRPF; la ampliación de 600 euros de las deducciones en el IRPF por nacimiento, acogimiento o adopción; la eliminación de los topes de renta para la deducción autonómica por cantidades invertidas en alquiler de viviendas; la ampliación en 200 euros en las deducciones para familias numerosa y la deducción en el IRPF por ayuda doméstica.

Por Andalucía ha centrado sus enmiendas en el fortalecimiento de los servicios públicos fundamentales, con especial atención de la sanidad y, en concreto, a la atención primaria. También propone un plan de empleo, la mejora de la financiación de las universidades públicas, para las que entiende que faltan al menos 70 millones de euros, un paquete de ayudas a las familias, aumentar el bono de ayuda alquiler para que llegue al menos a 10.000 jóvenes más.

Finalmente, las enmiendas de Adelante Andalucía hacen hincapié en la soberanía andaluza y pide que se recuperen los los impuestos de Sucesiones y Donaciones y de Patrimonio para que la hacienda autonómica vuelva a recaudar 400 millones de euros más para sufragar sus políticas sociales.