Fadeco, la entidad que aglutina a los empresarios del sector de la construcción, ha presentado este lunes una veintena de enmiendas y sugerencias al proyecto de Ley de Vivienda que impulsa el Gobierno andaluz. Los empresarios consideran que el texto «camina en la buena dirección», ... y sus propuestas se dirigen a profundizar los efectos de aumento de la oferta que persigue el proyecto legislativo en trámite, según explicó Ignacio Peinado, presidente de la entidad.
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Peinado participó en Sevilla en un foro sobre la el proyecto y aplaudió que la ley tenga el objetivo de generar más oferta ante actual crisis de déficit de viviendas que se atraviesa. Según los cálculos de Fadeco, este déficit se cifra en unas 100.000 unidades, lo que afecta a medio millón de jóvenes que pese a tener empleo no consiguen emanciparse.
Para el presidente de la asociación empresarial, la tensión en el mercado de la vivienda es consecuencia directa de la escasez, por lo que las medidas para solucionar la crisis deben ir encaminadas a terminar con ese insuficiencia. «Hacemos muchas menos que los hogares que se crean», reconoció. Por eso, subrayó que las medidas que se adopten deben tener carácter urgente.
La veintena de enmiendas y sugerencias presentadas por Fadeco al texto propuesto por el Gobierno andaluz se centran en tres objetivos: conseguir mayor simplificación administrativa, impulsar la actividad de construcción y medidas económicas tendentes a incentivar la construcción.
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Especialmente, se proponen cambios legislativos que permitan urbanizar suelo con mayor agilidad, para lo que en su opinión deberían utilizarse mecanismos legales que partan de la urgente necesidad de dar respuesta a la falta de viviendas. «Es necesario declarar la urgencia para desarrollar esta materia prima, escasa, en muchos de los territorios de Andalucía, sobre todo en aquellos que más crecen», subrayó Peinado.
Para el presidente de los empresarios del sector, también es necesario facilitar el acceso a los ciudadanos demandantes de viviendas de protección oficial mediante una simplificación y universalización de los trámites y llamó la atención sobre la transversalidad de este problema, que en su opinión debe abordarse desde todas las administraciones, incluyendo a las que ejercen las competencias fiscales y económicas.
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