Los empresarios celebran el decreto que suprime trabas

Tanto la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) como las Cámaras de Comercio de la comunidad acogieron el decreto que modifica 27 leyes y decretos con alborozo por tratarse del cumplimiento de «una demanda histórica» y de una «reacción sensata» del Gobierno en un momento convulso, con el Brexit y la crisis del coronavirus. Así lo recuerda en una nota la CEA, organización cuyo presidente, Javier González de Lara, ha reprochado en multitud de ocasiones a la Junta de Andalucía la «voracidad legislativa» de esta.

La CEA coincide con la filosofía del Gobierno PP-Cs en que la desregularización es clave para facilitar la inversión en Andalucía. La organización empresarial desvela que el texto normativo recoge propuestas que hizo en el grupo de trabajo de mejora de la regulación de la Agencia de Defensa de la Competencia». Entre ellas, destaca la incorporación de la declaración responsable para las licencias de primera ocupación; la simplificación de las autorizaciones ambientales y también en los procesos de planificación en turismo, salud y ordenación del territorio; así como la mejora de las condiciones para la inversión industrial.

«El Gobierno acierta al poner el acento en políticas económicas de oferta, es decir, aquéllas que pretenden realizar reformas para contribuir a incrementar la eficiencia y competitividad del tejido productivo andaluz», dice la nota. La CEA recuerda que siempre ha señalado como «un elemento a mejorar la excesiva carga burocrática y administrativa que pesa sobre las empresas» con procedimientos «que se alargan en el tiempo, con trámites muchas veces casi duplicados y con concurrencias de administraciones».

Además de que desaparezcan trámites o se acorten, para la organización empresarial es preciso que los que existan «se resuelvan bajo los principios de seguridad jurídica y celeridad en la toma de decisiones, para lo cual es muy positiva la extensión de la declaración responsable».

Las Cámaras de Comercio andaluza coinciden con la CEA. El presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez Rojas, mostró su satisfacción por la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de simplificar los procesos burocráticos y administrativos necesarios para un desarrollo empresarial más «ágil y eficaz», según recoge Europa Press.

También califica la supresión de la maraña normativa de requisito «imprescindible» para «modernizar» las relaciones entre los emprendedores y las administraciones públicas, y facilitar la «atracción de inversiones nacionales y extranjeras a nuestra comunidad», según una nota.

Las reacciones de Comisiones Obreras y la UGT han sido distintas. Para CC OO, el bipartito PP-Cs han recuperado «la cultura del 'pelotazo' y dan manga ancha al empresariado andaluz y lobbys afines». Recriminan al Gobierno que el «diálogo social» haya brillado «por su ausencia» en relación a este asunto.

CC OO se pregunta por las prisas del Gobierno en desregular. El secretario de Política Institucional de CCOO-A, José Blanco, traslada a través de las redes sociales el «malestar» de su sindicato con la Junta «porque han obviado todas las vías de diálogo» y «ninguna de las medidas ha sido compartida».

UGT denuncia que el Gobierno ni siquiera ha informado o consultado con el Consejo Económico y Social, en el que están presentes los agentes sociales, para informar del decreto. Este sindicato recuerda haber defendido, como la CEA, la simplificación de trámites para atraer inversiones y mejorar la competitividad y su apuesta por la ventanilla única como fórmula.

«Esto no significa atraer inversiones a costa de nuestro medio ambiente, de abrir la vía a la posibilidad de construir sin control en nuestras costas, de permitir la apertura de nuevos campos de golf en zonas donde ya existe un grave estrés hídrico, o de liberalizar los horarios comerciales, sin tener en cuenta los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ni del comercio tradicional», expone UGT en una nota.

El sindicato pide al Gobierno que haga pasar el decreto ley por los órganos competentes y admita enmiendas que garantice que no vulnera normas esenciales sobre derechos de los trabajadores y medio ambiente, entre otros.