El PP se lanza a la caza de uno de los nichos de votos de Vox

Recuperar una buena parte de los votos que en 2018 se le fugaron por el flanco derecho y ganar posiciones en el mundo rural, el territorio que Juanma Moreno ha identificado como uno de los objetivos estratégicos de su proyecto político. En la consecución de ambos fines parece enmarcarse el paquete de iniciativas puesto en marcha por el Gobierno andaluz dirigido al sector de la caza, una actividad que aglutina en Andalucía a más de 256.00 personas, si se toma en cuenta sólo a quienes la practican de manera reglada, y en la que Vox encontró hace tres años un nicho de votantes que contribuyeron para que pudiera aparecer electoralmente en la política andaluza.

Hasta que se produjo aquella irrupción, en el mundo de la caza, nada despreciable cuantitativamente ya que aglutina a cerca de un millón de aficionados en toda España de los que prácticamente el 25 por ciento son andaluces, existía la sensación de que estar siendo objeto de un ataque injusto. La contienda cultural entre animalistas y cazadores estaba siendo ganada por goleada por los primeros no solamente en los ámbitos sociológicamente más volcados a la izquierda.

En Vox vieron que ahí había un potencial nicho de votantes huérfanos y durante la campaña electoral andaluza tomaron la iniciativa. Hicieron bandera de una actividad muy arraigada en los pueblos y muchas veces con pocos puntos en común con los estereotipos más difundidos en los ambientes urbanos. El hagstag #laCazaTambienVota –impulsada por la Federación Andaluza de Caza– fue el vehículo para conocer las propuestas específicas de cada uno de los partidos y allí Vox se llevó la palma. Sus candidatos no dudaron en retratarse en escenarios rurales y en algunos casos, con escopetas de caza en las manos.

Esa estrategia les dio resultados. Es difícil comprobar cuántos de los votos conseguidos en aquellas elecciones con las que entraron por primera vez a una institución parlamentaria provinieron de cazadores con poca o ninguna afinidad con la ideología que representan, pero quienes les disputan espacios políticos convergentes ahora están avisados.

En parte por ese motivo, con las posibilidades que ofrece el ejercicio del poder, el PP ha tomado la iniciativa política con una serie de medidas que además de incidir en el ámbito normativo y en la modernización de la actividad se inician en un punto de partida que parece querer acabar con la soledad con la que los cazadores entienden que tuvieron que afrontar las críticas animalistas.

Desde la Junta se reconoce de manera explícita lo que considera importancia del sector cinegético como actividad esencial para el mantenimiento del medio rural y también como instrumento fundamental para la conservación de especies animales y de espacios naturales.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, subraya la necesidad de apostar «por una caza sostenible como un sector clave de crecimiento, vital para el futuro de las zonas rurales y para la conservación de la rica biodiversidad y el patrimonio natural de la comunidad», además de destacar que con más de 256.000 licencias de caza, la actividad cinegética es clave para la economía andaluza. Se estima que origina unos 50.000 jornales directos anuales y un movimiento económico en torno a los 71 millones de beneficios directos.

Sin embargo, según los datos de la Junta, su contribución a PIB regional es aún mayor, ya que genera y moviliza unos 3.500 millones de euros a través de servicios ligados a la caza sostenible como la hostelería o la restauración. Crespo destaca en ese sentido que la caza sostenible «no solo es una fuente de empleo con más de 12.000 puestos de trabajo directos y 45.000 indirectos, es que es crucial para evitar el despoblamiento rural al generar riqueza local».

Las cifras oficiales señalan que de los 256.000 cazadores andaluces con licencia andaluces, más de 100.000 están federados. Estos números convierten a la caza en la tercera actividad deportiva con más licencias. A ello se suman los más de 20.000 cazadores de fuera de Andalucía que tienen licencia andaluza de caza y que acuden regularmente a esta comunidad.

En el territorio andaluza hay más de 7.500 cotos de caza, privados o deportivos y Reservas Andaluzas de Caza, lo que supone el 81% del total y casi siete millones de hectáreas.

Ya en abril de 2019, apenas tres meses después de constituirse, el Gobierno andaluz ya lanzó un guiño a este sector con la firma de un protocolo de intenciones para la defensa e impulso de la caza sostenible en Andalucía. Este documento sirvió como base de trabajo conjunto que persigue respaldar la actividad a través del desarrollo normativo y la simplificación, la homogeneización administrativa.

La Consejería está terminando actualmente la revisión del Plan Andaluz de Caza para adaptarlo a lo que se considera una nueva realidad cinegética andaluza. El anterior estuvo en vigencia en la década 2007-2017.

El Decreto se encuentra actualmente en fase de modificación de los textos del anexo del decreto incorporando las alegaciones y aspectos estudiados y aprobados de las fases de información pública y del trámite de alegaciones, junto con las modificaciones que imponen los diferentes informes emitidos por otras Consejerías y organismos oficiales.

Una vez incluidos los aspectos que se han considerado y redactados los informes de valoración de las diferentes aportaciones de los trámites mencionados, se proseguirá con la tramitación del borrador 2 del Decreto por el que se aprueba el Plan Andaluz de Caza 2021-2031.

En paralelo, se está desarrollando el Reglamento de Caza, aprobado en 2017. También en marzo del año pasado se aprobó el reglamento que regula la práctica de la cetrería en Andalucía y ya se están tramitando la orden de control de predadores cinegéticos y el que regula la modalidad de caza de perdiz con reclamo sin muerte.

Otra de las medidas adoptadas desde el Gobierno fue la declaración en agosto de 2020 de la Montería y la Rehala como Bien de Interés Cultural (BIC) de Andalucía, al inscribirlas la Consejería de Cultura en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Además, durante el estado de alarma se dictaron más de una decena de Resoluciones e Instrucciones que permitieron la continuidad en la actividad cinegética, al considerarse que revestían interés general por su aportación a la defensa de las explotaciones ganaderas, agrícolas y la seguridad vial.

Desde la Junta destacan por eso no sólo la oportunidad de reivindicar la legalidad de la actividad deportiva y su necesidad por el significado económico y social, ya que contribuye a evitar el despoblamiento rural y generar riqueza local, sino también la necesidad que tiene el propio medio ambiente andaluz, para la conservación de la biodiversidad y de los bosques, el mantenimiento de los hábitats y para restablecer los equilibrios biológicos, de la existencia de una práctica cinegética responsable, racional y sostenible.

Otro aspecto en el que incide el Gobierno es ambiental. Según la consejera, «una gran parte de la riqueza natural que ahora conforma la Red de Espacios Protegidos de Andalucía, tiene su origen en la conservación de los territorios para la actividad cinegética».

Cita en ese sentido los casos del Espacio Natural Doñana o el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. «Además -explica Crespo- muchos de los lugares donde prosperan el lince, el águila imperial y otras especies protegidas son terrenos cinegéticos que tienen convenios de colaboración con la Consejería y que han participan en proyectos Life, como el del lince o el del águila imperial».

La modernización del sector a la que la Junta quiere apuntar encuentra varias líneas de actuación. Una de ellas es el impulso a la implementación de la tramitación de licencias on line. Frante a las 4.000 que se tramitaron por esta vía en 2018, lo que representó un 2 por ciento del total, en 2021 la tramitación digital ascendió a 125.940 (56%) de las 226.279 emitidas.

Otra iniciativa puesta en marcha en la misma dirección es la gestión digitalizada de los cotos se caza. Este año ya se ha licitado por valor de 1.9 millones de euros el desarrollo de las herramientas tecnológicas para ese fin y también de la actividad cinegética y piscícola en Andalucía, así como la modernización del Registro de Flora y Fauna Silvestre, creado en 2003. La adjudicación está prevista durante el primer trimestre de 2022 y se prevé culminar el proceso en 2024.

Recientemente, antes de finalizar 2021, el Gobierno andaluz ha reducido las tasas por servicios administrativos y facultativos en materia de caza, así como de tasa de rehalas y se ha eliminado la de comunicación para monterías, batidas y ganchos.

Según los datos de la Junta, unos 100.000 cazadores andaluces federados se beneficiarán de una bonificación del 50%. A los menores de 18 años también se les aplicará un descuento del 50% de la tasa y si, además son federados, acumulan las dos bonificaciones con lo que el descuento alcanza a la totalidad. Se trata, según la Junta, de una apuesta por el relevo generacional en el sector cinegético.

En esta misma línea, tendrán también derecho a una bonificación del 50% de la cuota tributaria de la tasa por expedición de licencia básica de pesca continental los menores de 16 años. El Gobierno andaluz se ha comprometido a revisar las tasas que se aplican a los no federados en Andalucía.

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