Doñana desgasta ¿A quién?

La apuesta decidida del Gobierno de Pedro Sánchez por hacer de la cuestión de Doñana un tema central en su agenda política y la rígida postura adoptada por la Comisión Europea, unidas al trazo grueso con el que se suele informar de las cuestiones andaluzas -desde lejos y con la mirada por encima del hombro-, hicieron que se estableciera la convicción de que Juanma Moreno había perdido, con su apuesta por abordar este tema a estas alturas del año político, la batalla de la opinión pública.

Se trata de un juicio apresurado por dos motivo. En primer lugar, porque la burbuja político-mediática empuja recurrentemente a confundir opinión pública con opinión publicada y compartida en las redes sociales; y también, porque a veces no se acierta con cuál es el campo de batalla donde se dirime esta controversia.

Es verdad que la presentación de la proposición de ley ha abierto para el Gobierno andaluz más frentes de los seguramente esperados por la implicación de Pedro Sánchez y sus ministros en la polémica -que situó este asunto en un lugar preferente de la agenda de Moncloa-, y la irrupción de Bruselas en el debate, dos cuestiones que no se entienden por separado.

Posiblemente ello haya llevado a leer y escuchar juicios lapidarios sobre este asunto elaborados a más de 500 kilómetros del Parque Nacional que señalaban que Juanma Moreno había cometido un error de bulto, lo daban por derrotado y lo invitaban a dar marcha atrás. Pero la verdadera batalla se libra en Huelva, en primer lugar, y en el conjunto de Andalucía, y ni en el escenario acotado de la provincia onubense, ni en el más amplio del resto de la comunidad la regularización de regadíos parece haber mermado las expectativas electorales del PP. Quizás al contrario. Resulta llamativo que mientras que en el partido que sustenta al Gobierno se respira tranquilidad y Vox hace los mayores esfuerzos para que se tenga en cuenta que ellos también están detrás de la propuesta, los socialistas aseguran no haber medido demoscópicamente la repercusión de este asunto. ¿Es posible que una organización como el PSOE de Andalucía no haya encargado encuestas sobre esta cuestión?

En el Gobierno andaluz se resisten a situar la polémica en una dicotomía excluyente entre agricultura y medio ambiente. El discurso, por el contrario, apunta en la dirección de que no hay posibilidad de preservar los espacios naturales si la estrategia de conservación no incluye el desarrollo económico del entorno y el bienestar de sus habitantes. Pero al mismo tiempo saben que la preocupación por Doñana es electoralmente menos significativa, desde el punto de vista cuantitativo, que la que despierta la tormenta perfecta que sufre el sector agrícola, a la que suele aludir Juanma Moreno, provocada por la sequía, la nueva PAC y el aumento de los costes de producción. La primera es patrimonio de un nicho electoral reducido al que de todas formas el PP tiene muy difícil acceder. La segunda abarca amplias zonas -especialmente las llamadas agrociudades- en las que el partido de gobierno en Andalucía tiene depositadas grandes expectativas en el objetivo una y otra vez repetido por el presidente de equilibrar un mapa municipal andaluz hoy inclinado hacia la izquierda.

Hay que tener en cuenta que el resultado de las elecciones no se dirimirá solamente en las ocho capitales y en las principales ciudades andaluzas. La campaña electoral todavía no ha comenzado y a estas alturas el PP alberga la esperanza de al menos duplicar el número de diputaciones bajo su control (actualmente sólo gobierna en las de Málaga y Almería). Para ello necesita al menos repetir en las municipales los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas en los municipios en torno a 20.000 habitantes que tradicionalmente han sido bastiones de la izquierda. Son localidades cuyas economías bailan al son de la actividad agrícola y ganadera y que asisten al debate de Doñana, si es que lo hacen, desde un prisma muy diferente con el que lo abordan los electores urbanos.

El PP y Vox compiten por hurtar al PSOE la amplia bolsa electoral de los agricultores desesperados y es posible que en las semanas de confrontación que se avecinan desde el partido de Abascal intenten presentar cualquier disposición a modificar el proyecto por parte del partido que sustenta al Gobierno andaluz como una cesión a la burocracia europea que, según Vox, arrincona al campo andaluz.

El PP camina por un sendero angosto. Las demandas de los agricultores de un lado, sus convicciones europeístas del otro. Por ello quiere abrir el foco a todo el problema de la agricultura y en las próximas semanas se oirá hablar mucho de agua y de obras hidráulicas pendientes. También intentará bajar el suflé de la confrontación con Bruselas que abrió el presidente del PP Europeo, Manfred Weber, y que obedece más a las pugnas internas en el seno de esa formación que a este asunto en concreto. A Juanma Moreno no se le ha perdido nada en esa disputa entre sus correligionarios alemanes.

Además, en la Junta entienden que la proposición de ley, que no estará aprobada hasta finales de julio o principios de septiembre, es sólo el primer paso en el camino de una solución compleja que deberá involucrar al Gobierno de España y a Europa y que no se sustentará en repartir un agua de la que no se dispone. De momento la primera estación es el 28 de mayo y ahí aspiran a recoger los primeros frutos. Y también la legitimidad política para seguir adelante.